Consejo de Estado le da esperanzas a Piedad Córdoba

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Sala Plena del Consejo de Estado tumbó una de las dos sanciones impuestas por la Procuraría General de la Nación, a la exsenadora Piedad Córdoba, por presunta asesoría a las Farc, en hechos ocurridos en 2008.

Según el alto tribunal, Córdoba fue sancionada con pruebas ilegales y, por tanto, se debe revocar la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años.

De la misma manera, se afirma que las pruebas recolectadas por el procurador, Alejandro Ordóñez, se basaban en los computadores de Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, el canciller de las Farc, muerto tras un bombardeo ejecutado por el Estado colombiano en un campamento que la guerrilla tenía en Ecuador.

La sanción fue tumbada por 17 votos a favor y 6 en contra de la ponencia del magistrado William Hernández en la que pedía anular la destitución a la exparlamentaria.

En su ponencia el magistrado argumentó que la Corte Suprema de Justicia en su momento había declarado la ilegalidad de la información recolectada en los computadores incautados en el operativo donde se dio de baja al jefe guerrillero, argumento central de Hernández, y que fue tenido en cuenta por la Sala Plena del alto tribunal.

La Procuraduría destituyó a la entonces senadora y la inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 18 años, al encontrar que se extralimitó en sus funciones y atribuciones por sus acercamientos con las Farc, grupo ilegal al que, según el fallo del ministerio Público, asesoró políticamente.

El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, anunció que la Procuraduría deberá indemnizar a Córdoba por sancionarla ilegalmente.

“La Procuraduría deberá entonces indemnizar a la exparlamentaria por los daños ocasionados con el pago de los salarios que dejó de recibir entre el 3 de noviembre del 2010 día en que fue separada de su curul, y el 19 de julio del 2014 día en que finalizó su período legislativo”, señaló el magistrado Rojas.

“La Sala Plena estudió el caso y encontró que son ilegales todas las pruebas recaudadas en dicha operación militar puesto que en su práctica y recolección no se tuvieron en cuenta los requisitos legales esenciales que contemplan el ordenamiento jurídico colombiano, ni el acuerdo de cooperación e intercambio judicial suscrito entre Colombia y Ecuador para esos efectos”, manifestó el magistrado.

Reacción

La exsenadora se mostró conforme con la decisión del Consejo de Estado y anunció que buscará que ese mismo tribunal revoque la segunda sanción que le impide formalmente participar en política.

“Quienes nos oponemos a un régimen o a políticas públicas no somos terroristas o delincuentes, somos personas que pensamos distinto y a mí prácticamente se me sancionó seis años por un delito de opinión porque pruebas no había”, dijo Córdoba.

La exparalamentaria aseguró que ella nunca murió políticamente, dado que ha venido trabajando con diferentes movimientos políticos de oposición, para impulsar diferentes causas, entre ellas el proceso de paz con las Farc.

“Me parece que mi nombre ha sido pisoteado, el honor mío y de mi familia que ha sido arrastrado por todo el país, espero que sea puesto en el lugar donde debe estar. Simplemente soy una luchadora de la paz con justicia social, por la lucha contra toda forma de opresión y discriminación”, manifestó.

Córdoba les agradeció a los magistrados del Consejo de Estado por tomar esa determinación en su caso.

Para la excongresista, la decisión del alto tribunal administrativo es de suma importancia, dado que marca un precedente para la conformación del Estatuto de la Oposición, en una eventual firma del proceso de paz con las Farc.

"A pesar de que nosotros criticamos tanto la justicia de este país, este fallo del Consejo de Estado nos devuelve la fe en la justicia. Actuaron en estricto derecho y es un acto de paz que en este momento es bien importante para la reconciliación y la convivencia", expresó.

Piedad Córdoba descartó por el momento interponer algún recurso contra la Procuraduría General de la Nación, y del jefe de esa entidad, Alejandro Ordóñez.

Una segunda inhabilidad

La exsenadora Córdoba tiene otra sanción de destitución e inhabilidad por 14 años impuesta por el Ministerio Público por entregar 25 millones de pesos a la campaña del entonces candidato a la Cámara Ricardo Montenegro.

Este fallo contra Córdoba se derivó de denuncias del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre una aportación económica que ella hizo en 2010 a su asesor Ricardo Montenegro, quien aspiraba a la Cámara de Representantes por el Atlántico en las elecciones legislativas de ese año.

El Consejo de Estado citó a audiencia pública por este proceso, el próximo 14 de septiembre, para que se expongan los argumentos, con los que Córdoba busca tumbar su segunda inhabilidad, y así tener de nuevo la posibilidad de volver a la política.