Conozca sobre la masacre de El Aro por la que acusan al senador Uribe

COLPRENSA | LA PATRIA

El corregimiento de El Aro, en Ituango (Antioquia), nunca pudo reponerse de la incursión paramilitar de 1997, que dejó 15 personas masacradas.

La incursión ocurrió el 22 de octubre, cuatro días antes de las elecciones locales y regionales. Ese día 200 paramilitares torturaron y mataron a personas de la región, cometiendo una de las masacres más dolorosas de la época y que derivó en el desplazamiento de, por lo menos, 1.400 personas.

La toma paramilitar fue calificada como de extrema barbarie por las torturas y mutilaciones a las que fueron sometidas las víctimas.

El gobernador de Antioquia de la época era el luego presidente y hoy senador, Álvaro Uribe Vélez. Desde entonces, cada cierto tiempo se escuchan versiones de una supuesta omisión de su parte, por ejemplo en declaraciones de paramilitares desmovilizados. Hoy la Fiscalía solicitó a la Corte Suprema abrirle una investigación para determinar si tuvo alguna relación con la masacre, tomando como base una declaración del paramilitar alias Don Berna.

En febrero de este año, otro exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Cuco Vanoy, intentó explicar esa relación por la presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia en la zona.

Ese mes, tras este testimonio, el Tribunal de Justicia y Paz de Antioquia pidió investigar a Uribe. En ese momento, el expresidente desmintió esas versiones: “El servicio aéreo de salud, autónomo y profesional, ha explicado sus labores y recorridos una y mil veces. El tema no es nuevo. Esto fue ampliamente desvirtuado por el CTI de la Fiscalía (...) Hubo unos recorridos totalmente controlados, estrictos. Quienes manejan esos helicópteros autónomamente en el servicio de aéreo de salud han explicado todo lo que les han preguntado y han desvirtuado esta imputación”.

Entre los personajes judicializados por las muertes en El Aro estaban Francisco Enrique Villalba Hernández, alias Cristian Barreto, y dos de los máximos jefes paramilitares, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso; estos últimos condenados a 40 años de cárcel, y el primero a 33 años y 4 meses. También alias Cristian Barreto, quien se entregó a la justicia el 13 de febrero de 1998, tres meses después de dicha masacre. Luego de los testimonios que ofreció a la Fiscalía General de la Nación, fue asesinado el 23 de abril del 2009.

¿Qué se sabe?

Según el portal web Verdad abierta (especializado en asuntos de derechos humanos), con base en las investigaciones realizadas y en declaraciones de paramilitares, en el área de operaciones se observaron tres helicópteros: uno al servicio de las Farc, otro del Ejército y uno más de la Gobernación de Antioquia. Según el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, la aeronave de la guerrilla recogió en la zona al comandante Iván Márquez, quien en ese momento lideraba una facción insurgente con presencia en el Urabá antioqueño.

Dadas las condiciones topográficas, los hombres de las AUC al parecer recibieron apoyo, pues se les estaban agotando las municiones y pertrechos de guerra, por esto se habla de la acción de los otros dos helicópteros, pues sin ellos el abastecimiento no hubiera sido posible. Sin embargo, no hay consenso sobre cuántos sobrevolaron la zona de la masacre durante la operación paramilitar.

De acuerdo con Mancuso, siempre según el relato de Verdad Abierta, la incursión fue ordenada por Carlos Castaño y coordinada por Carlos Mauricio García Fernández, alias “Doblecero”. En ese ataque participaron hombres de las regiones antioqueñas de Urabá y Bajo Cauca, así como de Córdoba. El propósito era atacar las posiciones de las Farc en esa agreste región y controlar uno de sus corredores estratégicos, que conducía al parque nacional Nudo de Paramillo.

También hizo referencia al sobrevuelo de una aeronave de la Gobernación, Francisco Villalba. Según él, la aeronave “amarilla”, color distintivo del aparato, sobrevoló la zona y ante la inquietud que le generó esa presencia, dijo que se comunicó con Carlos Castaño para verificar: “él me dijo que andaban dos señores de la Cruz Roja y el Gobernador”.

Consecuencias

Jesús María Valle, entonces un reconocido defensor de Derechos Humanos en Antioquia, pidió varias veces protección para los habitantes de Ituango y denunció la supuesta actuación del ejército con los grupos paramilitares en la masacres. “Que hablen las familias de las personas que fueron asesinadas y han encontrado como actores de esos asesinatos a miembros de las fuerzas armadas de Colombia”, repetía. Cuatro meses después, en febrero de 1998 fue asesinado en el centro de Medellín.

En 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó al Estado por su omisión y por la participación directa de miembros de fuerza pública en la masacre.

La sentencia dictó las siguiente medidas de reparación:

1. Investigación para determinar los responsables
2. Tratamiento psicológico a las víctimas
3. Condiciones de seguridad para el retorno
4. Acto público de reconocimiento de la responsabilidad
5. Reconstrucción de las viviendas
6. Indemnización a las víctimas