La Corte Constitucional dio a conocer ayer un fallo que condena a una familia a indemnizar a una mujer sometida durante 12 años a trabajos forzados, servidumbre doméstica y abusos sexuales, después de haberla apartado de su familia cuando tenía seis años de edad.
Amalia, nombre con el que se protegió la identidad de la víctima, denunció haber sido "objeto de explotación, maltrato físico, abuso sexual y tortura" durante 12 años por la familia de un capitán de Anzoátegui, en el Tolima, que la trasladó hasta Bogotá "en calidad de esclava".
Según consta en el auto dictado el 12 de diciembre de 2012, Amalia consiguió huir con la ayuda de un conductor familiar, aunque aseguró no haber denunciado los hechos hasta la actualidad por miedo.
La víctima decidió finalmente acudir a la Justicia, al tener en cuenta que los demandados tenían una edad avanzada y podrían haber muerto pronto, por lo que su caso podía quedarse en la impunidad y su origen en el incógnito.
El caso llegó a la Corte Constitucional después de que los demandados elevaran a revisión el fallo emitido por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá, el 14 de junio de 2011, que a su vez confirmó la sentencia proferida por el Juzgado 40 Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá, el 1 de mayo de 2011.
El desconocimiento sobre su pasado, así como el trato al que fue sometida le ha causado, según el auto, importantes secuelas de estrés postraumático, lesiones psíquicas y secuelas emocionales que han condicionado y condicionan su desarrollo personal.
De este modo, la Sala concluye que "Amalia fue sometida a trabajos forzosos, a trata de personas e incluso a cierta modalidad de esclavitud", al ser obligada a "trabajar sin remuneración alguna, tener relaciones sexuales con el capitán, servir, someterse y callar".
Por todo ello, la Corte Constitucional condenó a los demandados al pago de una indemnización por los daños que le causaron. El tribunal dispuso que un juez de primera instancia establezca ahora la cuantía de la indemnización.
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