ALEJANDRA BONILLA MORA
COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Tras la selección de los integrantes de la Comisión de la Verdad, inicia una ardua labor para el esclarecimiento de las atrocidades cometidas en el conflicto armado colombiano y con las dificultades que ello representa por la existencia de 8.5 millones de víctimas y múltiples victimarios.
Los 11 integrantes de la Comisión de la Verdad tienen la tarea de lograr conciliar las múltiples memorias que la guerra ha dejado, caminando trochas, selvas y pueblos. Y si algo han dejado en claro estas personas desde que se postularon ante el Comité de Escogencia, es que la idea es lograr una reconciliación y que la construcción de la memoria no polarice más al país.
Y esto no es nada fácil. De acuerdo con expertos, la primera tarea que tiene esta entidad es crear una metodología que dé garantías a las víctimas y a los victimarios para sentarse a hablar. Se trata de una especie de estatuto de garantías, que cree condiciones de mínimo respeto, de forma tal que pueda la Comisión empezar sus labores, solventando desde el comienzo las críticas que ya han surgido por la elección de los integrantes.
El general Luis Herlindo Mendieta, quien estuvo 11 años y 7 meses secuestrado por las Farc, y quien aspiró a la Comisión, por ejemplo, dijo que no confía en el trabajo que pueda hacer este organismo porque, en su criterio, debía haber por lo menos cinco personas víctimas directas de las Farc, preferiblemente, exintegrantes de la Fuerza Pública.
“Pero al estar esa inmensa mayoría de otra tendencia no habrá garantías para relatar, autenticar y verificar si todo lo que allí se está manifestando es verdad o no. En esa narrativa va a quedar solamente el registro de los victimarios, pero no estará incluida la narrativa de las víctimas de las Farc”, aseguró.
Pero contrario a esta posición, para el Comité de Escogencia, es apenas normal que haya discrepancias, desconfianzas y críticas en este proceso que, en todo caso, necesitaba contar con diversas experiencias. De hecho, para el Comité se pudo conformar una Comisión equilibrada.
Sus integrantes
Presidida por el padre Francisco de Roux, la Comisión está compuesta por los periodistas Alfredo Molano y Marta Ruiz, reconocidos por su trabajo de contar y recorrer el país de la guerra.
Está la afrocolombiana María Ángela Salazar Murillo, quien ejerce la Secretaría Técnica de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado de Antioquia, y Alejandra Miller, quien se ha distinguido por la promoción de los derechos de las mujeres y la construcción de paz.
Alejandro Valencia Villa ha sido asesor del proyecto de recuperación de la memoria de las mujeres víctimas del conflicto, una iniciativa de la Ruta Pacífica de las Mujeres, así como de las comisiones de la Verdad de Ecuador, Perú y Paraguay. El español Carlos Martín Beristain asesoró dichas comisiones y ha hecho trabajos de evaluación de los impactos de las comisiones que existieron en Argentina y Guatemala, entre otros.
La abogada indígena María Patricia Yagarí se ha destacado por el diálogo intercultural y representa a las comunidades étnicas; mientras que la arquitecta Lucía Victoria González es la directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín; y Saúl Alonso Franco Agudelo es experto en medicina social. Se suma el mayor en retiro Carlos Guillermo Ospina Galvis, director de la Asociación Colombiana de Militares Victimas del Conflicto.
La abogada indígena María Patricia Tobón consideró que la elección del Comité fue ecuánime y señaló que ante las críticas que se puedan presentar, se debe “asegurar una metodología que permita escucharnos a todos, en un diálogo respetuoso sobre lo que consideramos nosotros que han sido las causas del conflicto”.
En su criterio, es “más que justo que los pueblos indígenas (104 y 84 hablantes) puedan tener voz en el relato histórico de la Nación en el proceso de verdad”. Más, si se tiene en cuenta que, de acuerdo a la Corte Constitucional, las comunidades étnicas y las afro han sufrido un impacto desproporcionado del conflicto por sus ubicaciones alejadas, dispersas, selváticas, entre otros factores.
Para Diana Gómez, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la selección fue adecuada, si bien tiene reparos por la presencia del mayor Ospina.
Los retos
Entre los retos que tendrá la comisión está establecer cómo se dará cabida a tan amplio universo de víctimas, hacer real el enfoque diferencial, étnico, de género y territorial que dispone el acuerdo de paz con las Farc, para lograr una narrativa de la violencia desde los territorios.
Así coinciden Gómez y Marco Romero, director de la Consultoría Para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, CODHES. Para Romero, la comisión tendrá que ingeniar una manera de responder a ese universo de 8.5 millones de víctimas sin poder escucharlas a todas.
De acuerdo con Romero, se deben tomar los ejemplos de otras comisiones de la verdad como la de Suráfrica o la de Guatemala, en las cuales se hicieron audiencias públicas en las que participaban victimarios y víctimas, que fueron transmitidas por los medios de comunicación.
En su entrevista ante el Comité, la antioqueña Lucía González destacó por ejemplo el mandato cultural de la Comisión de la Verdad, al explicar la importancia que tiene para la comunidad las narrativas que se utilicen. En ese sentido, señaló que sería importante crear canales de comunicación por radio, expresiones culturales y participación ciudadana, más que en textos, para lograr la movilización social.
“Esta el texto del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es una maravilla, pero si uno pregunta cuánta gente se lo ha leído, casi nadie. O cuánta gente se leyó los acuerdos de La Habana, o los resúmenes de los acuerdos. En la reconstrucción del Eje Cafetero estuve de directora social y perdimos seis meses más o menos en la comunicación. No habíamos entendido nada. No habíamos entendido que las víctimas no leían, que no compraban un periódico y terminamos haciendo una radionovela”, señaló.
Decreto, en estudio en la Corte
La Comisión de la Verdad ya tiene su reglamentación lista y podría empezar sus labores. Fue creada por el Acto Legislativo 01 de 2017 que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y por el decreto Ley 588 de 2017, ambos en estudio en la Corte Constitucional, para que funcione por un periodo de tres años, con un periodo previo de preparación de seis meses.
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015