Colombia vuelve a recortar terreno a los cultivos de coca

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Gobierno nacional logró reducir en 2019 de 169.000 a 154.000 las hectáreas sembradas de coca en el país, su mejor resultado en los últimos años con una campaña que vigilan de cerca tanto el Gobierno de Estados Unidos como los movimientos sociales.

Los datos sobre Colombia, mayor productor mundial de coca y cocaína, fueron divulgados ayer en Bogotá por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, sigla en inglés) con base en las mediciones del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI).

"Los resultados (...) traen buenas noticias para Colombia no solo porque se rompe la tendencia de incremento que se había iniciado en 2014, también porque constituyen un reconocimiento a los esfuerzos del Gobierno y de las comunidades que se han comprometido con el abandono de los cultivos de coca y la transición hacia la legalidad", manifestó el representante de la UNODC en Colombia, Pierre Lapaque.

Erradicación y sustitución

En términos porcentuales, la disminución en 15.000 hectáreas del área dedicada a cultivos ilícitos en 2019 equivale al 9%, un resultado celebrado por el presidente colombiano, Iván Duque, como "la mayor reducción de cultivos ilícitos en los últimos seis años en nuestro país".

El área cultivada de coca en Colombia, que en 2013 fue reducida a solo 48.000 hectáreas con un intenso programa de erradicación aplicado por los anteriores gobiernos, volvió a crecer en los años siguientes hasta alcanzar un récord de 171.000 hectáreas en 2017, según los datos de UNODC.

En 2018, año de la llegada de Duque a la Presidencia, hubo una ligera reducción a 169.000 hectáreas, y de ahí a las 154.000 del 2019.

Ese avance tiene que ver con el esfuerzo hecho por el Gobierno para erradicar de manera manual 101.273 hectáreas, de las cuales 94.670 las hizo la fuerza pública y 6.603 como parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), creado en 2017 como componente del acuerdo de paz firmado un año antes con la guerrilla de las Farc.

Presión de la Casa Blanca

El Gobierno tiene la presión constante de la Casa Blanca para que reduzca los cultivos ilícitos, expresada incluso por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien el año pasado llegó a afirmar que Colombia está atrasada en este campo y que desde que Duque está en el poder "están llegando más drogas" a su país.

A pesar de las críticas, Trump anunció en agosto pasado la certificación de Colombia como un país comprometido con la lucha contra las drogas, con el que tiene un plan de acción para reducir los altos niveles de cultivo y producción de cocaína en un 50 por ciento para fines de 2023.

Oposición de movimientos sociales

Los movimientos sociales denuncian que el Gobierno está abandonando el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que promueve la sustitución voluntaria de los cultivos de coca mediante planes integrales concertados con las comunidades campesinas, para dar prioridad al regreso de las aspersiones aéreas con el herbicida glifosato, suspendidas desde 2015.

"En el programa de sustitución voluntaria de cultivos invertimos el año pasado $830.000 millones para soportar a las casi 100.000 familias que están y se mantienen dentro del proceso de abandonar la coca y pasar a la legalidad", dijo el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, al subrayar el compromiso con esa iniciativa.