MARIO VILLAR
EFE | LA PATRIA | NACIONES UNIDAS
La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, defendió ayer la respuesta de su Gobierno a las protestas en el país y los avances logrados en el proceso de paz frente a críticas recibidas en el Consejo de Seguridad de la ONU.
La sombra de las movilizaciones que arrancaron el 28 de abril dominó la reunión trimestral de este órgano para pasar revista a la implementación del acuerdo de paz sellado en 2016 con las Farc, en la que hubo Estados miembros que se mostraron muy preocupados por la situación en Colombia. Algunos, como Rusia, vincularon directamente las protestas con la falta de avances en el proceso de paz y la degradación de la situación de seguridad en zonas del país, mientras que otros condenaron las muertes durante las manifestaciones, haciendo referencia al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que denunció un uso excesivo de la fuerza del Estado.
Ramírez, en su discurso, rechazó esas posturas e insistió en que las movilizaciones no responden a problemas en la implementación del acuerdo de paz, sino a las dificultades creadas por la pandemia de la covid-19. “Esas protestas no obedecen al incumplimiento del Gobierno en materia de este acuerdo. Son protestas que de seguro varios países han sufrido como consecuencia del dolor que vive la humanidad entera por cuenta de una pandemia que se ha llevado millones de personas y ha empobrecido a millones de seres en el mundo”, subrayó en su discurso.
Ramírez vincula protestas y elecciones
Ramírez, además, sugirió que las protestas están vinculadas al menos en parte con las próximas elecciones en el país, destacando una “extraña coincidencia” de las movilizaciones con “el proceso electoral que se avecina”. Según denunció, junto a muchos ciudadanos que se manifestaron de forma pacífica y por motivos perfectamente comprensibles, hubo una “minoría” que se infiltró para crear caos y violencia. “Hemos visto un proceso de destrucción sistemática, organizada, planeada, financiada, para deteriorar las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro país”, aseguró la vicepresidenta, que dijo que “hay gente que pretende llegar al poder destruyendo el sistema vigente”.
Ramírez aseguró que las muertes registradas durante las protestas “duelen” al Gobierno y defendió la actuación de las fuerzas de seguridad dada la necesidad de proteger a la población y el orden público. En respuesta a los pronunciamientos de algunos países, Ramírez aseguró que “muchísima” de la información en la que se basaron “no responde a la realidad” y prometió mantener mejor informado al Consejo de Seguridad, al que además invitó a visitar Colombia.
La también ministra de Relaciones Exteriores defendió además los progresos en la implementación del acuerdo de paz que se han alcanzado hasta ahora y se mostró muy sorprendida de que delegaciones lamentaran una supuesta falta de avances. En ese sentido, recordó que el acuerdo de paz fija objetivos a 15 años, de los que ni siquiera han transcurrido 5.
Piden frenar asesinatos
Carlos Ruiz Massieu, enviado de la ONU para Colombia, puso sobre la mesa hitos en materia de reintegración de los exguerrilleros, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en la labor de la Comisión de la Verdad. Además, animó a todas las partes a seguir avanzando, defendiendo que el acuerdo es también una oportunidad para remediar los problemas estructurales por los que muchos colombianos han salidos a las calles. Mientras, los repetidos asesinatos de exguerrilleros y líderes sociales son uno de los asuntos que más preocupan al Consejo de Seguridad y a Naciones Unidas, que ayer volvieron a pedir al Gobierno más medidas para frenarlos.
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