Colombia reitera compromiso de proteger a líderes sociales

Efe | LA PATRIA | Bogotá

El consejero presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, Francisco Barbosa, y la vicecanciller Adriana Mejía se reunieron en La Haya (Holanda) con el vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stewart, para reafirmar el compromiso del país en la protección a los líderes sociales.

En el encuentro se revisaron las directrices de protección de derechos humanos en Colombia y se explicaron a profundidad los ejes del Plan de Acción Oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales y defensores, detalló el Gobierno en un comunicado.

El consejero Barbosa explicó que como parte de la estrategia gubernamental buscan articular diferentes entidades del Estado para proteger a los líderes sociales.

Además, incrementan su presencia en los territorios y están atentos a las alertas tempranas que plantea la Defensoría del Pueblo".

La delegación colombiana también expuso los avances de los mecanismos implementados para la captura de asesinos de líderes sociales y la aplicación de dicha estrategia en los territorios llevando la legalidad y el Estado de Derecho a estas zonas.

La delegación del Gobierno le expresó al vicefiscal que con respecto a la implementación del acuerdo de paz el Ejecutivo recibió al inicio de su periodo dos proyectos productivos, y a hoy ya se han formulado 21.

Finalmente, en la reunión se expusieron las seis objeciones frente a algunos artículos del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que consideran que en nada afectan la implementación de la paz y la estabilización en Colombia.

Y Petro también

Ayer el líder opositor Gustavo Petro entregó junto a colectivos de defensa de los derechos humanos un documento ante la CPI para solicitar la apertura de una investigación formal por el asesinato de dirigentes sociales.

El texto se centra en los aproximadamente 500 líderes sociales que, según las cifras manejadas por los colectivos colombianos de derechos humanos, han sido asesinados desde septiembre del 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.