Coca y violencia desplazan de El Catatumbo a 12 mil personas

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

La zozobra es el pan diario de los habitantes de los 12 municipios de la región de Catatumbo (Norte de Santander), donde hoy se concentran múltiples actores del conflicto armado, entre extensos cultivos de hoja de coca, que entre enero y junio de este año provocaron un desplazamiento de unas 12 mil 100 personas.

Parecía ser un problema de otras épocas, pero el desplazamiento revivió en esta zona por los enfrentamientos desde marzo de este año entre el Ejército de Liberación Nacional y Los Pelusos. Así se desprende del más reciente informe del Cinep Catatumbo la guerra sin tregua, en el que develan las cifras sobre la violencia reciente en esta región.

La disputa por el territorio generó un paro armado a principios de este año. Hoy miles de campesinos afrontan una crisis humanitaria y una serie de violaciones de derechos humanos.

Wilfredo Cañizales, quien habita en la zona desde hace unos18 años, es testigo de la barbarie que cometen a diario los miembros de los grupos armados ilegales, quienes buscan apoderarse del territorio que abandonó las Farc y aumentar sus finanzas ilegales con el narcotráfico.

Acérrimo defensor de derechos humanos, que conserva en su memoria historias de personas que han padecido la guerra, es el director de Progresar, una fundación que se convirtió en el Banco de Datos del Cinep.

Bajo amenaza

Una de las preocupaciones de Cañizales son los enfrentamientos de los que hoy son víctimas los habitantes de Hacarí, San Calixto y Teorama, tres de los doce municipios con los que cuenta dicha región ubicada en el norte del país en los que se estima que hay unas 30 mil hectáreas de hoja de coca.

En diálogo con Colprensa aseguró que los 12 mil desplazados no es la única consecuencia del conflicto. El pasado jueves el Gobierno local dio la orden de cerrar seis escuelas debido a los constantes tiroteos que se registran y que ponen en riesgo la vida de cerca de mil menores de edad.

Cañizales cuenta que en lo corrido de este año la región ha sido blanco de asesinatos, secuestros y desplazamiento forzado, entre otras acciones que vulneran los derechos humanos.

“He sabido de cinco o seis escuelas que han sido minadas, se han registrado seis accidentes con minas, de los cuales dos víctimas fueron menores de edad. Al menos cinco líderes sociales han sido secuestrados y diez más fueron asesinados”.

La violencia

El informe revelado durante esta semana evidencia que los habitantes de la zona han sido víctimas de 460 actos violentos, de los cuales 233 han sido cometidos por paramilitares, 164 por miembros de la Policía Nacional, 53 por parte del Ejército y 10 más por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

El estudio también mostró que el método de intimidación más usado fue la amenaza, dejando 202 afectaciones, en su mayoría cometidas por grupos paramilitares. Igualmente, el análisis confirmó que al menos 90 detenciones arbitrarias también hicieron parte de la vulneración de los derechos humanos, siendo la Policía Nacional actor en 74 acciones. Otro detalle que llama la atención en el documento es que se reportan ejecuciones extrajudiciales con 69 casos.

“Lo peor de todo esto es la invisibilidad, nadie responde, hay una guerra de comunicados en donde todo el mundo se lava las manos, nadie asume responsabilidades con lo que está ocurriendo en el territorio, y la respuesta que da el nuevo Gobierno es trasladar una nueva Fuerza de Tarea Rápida que se suma a los 12.000 hombres que hay en la zona y 4000 policías”, dice Cañizales.

Violencia pasada y presente

En las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado comenzó el asentamiento de las guerrillas de las Farc, el Eln y el Epl. A finales de siglo, llegaron los paramilitares y la violencia se recrudeció toda vez que las masacres empezaron a abrirse paso en la zona.

De las autodefensas se identificaron tres estructuras: el Frente Héctor Julio Peinado Becerra, el Frente Resistencia Motilona y el Bloque Catatumbo, cuyos hombres cometieron asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones y desplazamiento.

Por el lado guerrillero, la primera acción que se tiene documentada es la toma a Convención, el 31 de enero de 1979 por unos 60 hombres del Eln. Desde entonces, se han cometido los más graves delitos en contra de la población.

“La acción de la guerrilla del Eln domina el registro de casos en el periodo de análisis en la subregión de El Catatumbo, los combates, los ametrallamientos, el ataque a objetivos militares llenan el registro, en conjunto con otras acciones, el secuestro, victimización de la que también aparece como presunto responsable el Epl con otros casos de homicidio intencional en persona protegida”, precisa el informe.

Cañizales aseguró que además de las estructuras que se enfrentan en esa región del país, el frente 33 de las disidencias de las FARC en diciembre pasado anunció que se rearmaría, no solo para continuar con el negocio del narcotráfico sino también para ocupar los espacios que dejaron las extintas FARC.

Responden las autoridades

El general Mauricio Moreno, comandante de la Segunda División del Ejército, aseguró que en el marco de la operación Esparta (en conjunto con la Policía) se traza la estrategia y las acciones para evitar el secuestro, la extorsión y el desplazamiento en esa zona.

El oficial aseguró que están atacando los grupos al margen de la ley que amedrentan a la población por lo que aseguró que en lo corrido del año se han registrado más de 90 capturas a miembros del Eln y más de 20 a los que hacen parte de los Pelusos.

En relación con los señalamientos que realizaron no solo Cañizales sino también habitantes de la zona, sobre la posible corrupción y extorsión que se puede generar en esa zona del país en cuanto al contrabando, el general aseguró: “estamos abiertos a recibir cualquier denuncia de hechos de corrupción. Hoy tenemos procesos abiertos contra miembros de Ejército y miembros de Policía que han tenido algún tipo de debilidad de transparencia en su actuar”.

Por último, catalogó como un reto las manifestaciones de los grupos insurgentes por lo que aseguró que hay que “saber atenderlo porque se mezclan con la población civil. Lo ideal es que logremos tener cada vez más el dominio del territorio”.