EFE | LA PATRIA | Bogotá
La investigación por el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, que se atribuyen las Farc, enfrenta a dos instancias judiciales por la competencia para esclarecer el crimen después de 25 años de impunidad.
En la disputa están la Fiscalía General, que desde hace un cuarto de siglo lleva el expediente del caso, declarado crimen de lesa humanidad, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tras la sorpresiva atribución del magnicidio por la antigua guerrilla reclama "poder preferente" para investigarlo.
El jefe del partido FARC, surgido de la desmovilización de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, y el senador Julián Gallo fueron citados el miércoles por la Fiscalía a declarar sobre el asesinato del político, perpetrado el 2 de noviembre de 1995, pese a que durante un cuarto de siglo las investigaciones nunca apuntaron hacia ellos.
Horas después la JEP también citó a Londoño y a Gallo a dar su versión por el asesinato de Gómez Hurtado y por otros cinco crímenes en los que dicen tener responsabilidad.
Se trata de los asesinatos de los guerrilleros Hernando Pizarro León-Gómez (1995) y José Fedor Rey, conocido como "Javier Delgado" (2002); del exconsejero de Paz Jesús Antonio Bejarano (1999), del exministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes (1998) y del exrepresentante a la Cámara Pablo Emilio Guarín (1987).
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP aseguró que "tiene competencia prevalente y preferente para investigar los hechos del conflicto armado", ocurridos antes del primero de diciembre del 2016, lo que abrió una nueva controversia sobre cuál tribunal será el competente para sacar el caso de Gómez Hurtado de la oscuridad.
La JEP se basa en la justicia restaurativa, que prevé penas blandas a quienes contribuyan a establecer la verdad confesando crímenes cometidos en el conflicto armado, a diferencia de la Fiscalía, que impone penas privativas de la libertad, de ahí la importancia de quien lleve el caso de Gómez Hurtado de ahora en adelante.
A la sorpresa inicial por la atribución del crimen por parte de las Farc en una comunicación enviada a la JEP, se sumó el revuelo causado por el senador Gallo, quien dijo en una entrevista con el diario El Espectador que él fue quien, acatando órdenes superiores, planeó y ejecutó el asesinato, sin dar detalles.
La opción de la Corte Suprema
A la controversia se sumó el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quien consideró que ni la Fiscalía ni la JEP, sino que debe ser la Corte Suprema de Justicia la que asuma el caso de Gallo por tener fuero dada su condición de senador.
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