COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Zozobra, incertidumbre y temor es lo que hoy padecen 500 personas que se encuentran confinadas en Suárez (Cauca), por cuenta de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de las Farc, según una alerta emitida por la ONU que advierte de tal situación.
Según el ente internacional, la mayoría de personas, que pertenecen a comunidades indígenas y campesinas, se alojaron en la caseta comunal de la vereda Bellavista como medida de protección para resguardarse de las hostilidades y el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado.
Por este hecho extremo, el organismo solicitó al Gobierno nacional emitir acciones de prevención, mitigación y protección para los lugareños. Sin embargo, este no es el único llamado que recibe el Estado para que entregue ayuda humanitaria y garantice la seguridad en ese departamento.
La Defensoría del Pueblo, en ocho ocasiones y desde el año pasado, ha llamado la atención del Gobierno para que vuelque su mirada a esa zona y evite una situación similar o peor a la que hoy padecen los campesinos e indígenas.
Las alertas
El primer llamado fue el 2 de enero del 2018, donde alertaban que al menos 3 mil habitantes de la cabecera municipal de Suárez y 7 mil 165 de los corregimientos Asnazú, Agua Clara, Betulia y Los Robles, estaban en riesgo debido a la disputa entre los grupos armados que pretendían conseguir el dominio del territorio.
Según expresó en ese entonces la Defensoría, las actuaciones violentas se desencadenaron por dos razones: la falta de presencia del Estado y la posición geográfica del departamento. El primero de ellos, relaciona la ineficiencia del Gobierno por implementar el acuerdo de paz con las Farc en ese territorio, pues si bien hubo una firma de por medio, en esta zona del país aún no hay autoridades estatales que brinden seguridad y labor social a la ciudadanía.
Esto, sumado a la ubicación geográfica del departamento, hace que los lugareños se conviertan en un blanco fácil de la ilegalidad. La falta de oportunidades y la clara disputa por el territorio hacen que se pongan del lado de un bando.
Lo que explicó el informe es que los lugareños terminan optando por regalar su trabajo a las actuaciones ilícitas por la presión que ejercen los grupos al margen de la ley, tanto así que las iniciativas del Gobierno tales como el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS), se ven opacadas y quienes desean realizar actividades legales son declarados objetivo militar.
Tal situación es conocida por las autoridades locales, por esto, en una segunda alerta la Defensoría denunció desaparición forzada, extorsión, secuestro y confinamiento en la zona.
Por esto, y como un SOS, las autoridades locales le expusieron a la Defensoría que podría existir “una proliferación” de grupos insurgentes en las zonas rurales, de ahí que haya un incremento en las acciones violentas contra la población.
Si bien las autoridades no descartaron la alerta, lo que hicieron fue aumentar el pie de fuerza, pero al día de hoy parece no haber surtido efecto tal solución, pues en una tercer alerta emitida se advierte que en esa zona del país, exactamente en Miranda surgió la denominada Disidencia Unida, que es la unión de militantes del frente Sexto y las columnas Gabriel Galvis y Jacobo Arenas de las extintas Farc.
Los indígenas
La Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) denuncia que entre el 1 de julio y el 10 de agosto de este año se han registrado 57 ataques en contra de su comunidad.
La organización aseguró que indígenas que se encuentran promoviendo actividades pacifistas en la región son los que han sido atacados. Esta situación no es nueva para la Defensoría, pues en el reporte del 2018 entregado al Ministerio del Interior daba cuenta de ello.
En su misiva, el órgano expuso que en Corinto se encuentran amenazados los resguardos López Adentro, Toez y Huellas, todos inscritos al Pueblo Nasa.
En ese entonces, la alerta estimó que al menos 7 mil 36 indígenas se encontraban en condición de riesgo. Agregó que la situación de las comunidades asentadas en los corregimientos de Villacolombia, La Liberia, Timba, La Meseta, el resguardo Kiwes Kiwe Nasa y el asentamiento Pueblo Nuevo, incluyéndose ahora por la extensión de la dinámica del conflicto a los habitantes de Robles y San Antonio, es similar a la de los otros resguardos mencionados.
La Defensoría expuso que pese a los esfuerzos del Ejército y la Policía de combatir las estructuras, sus anhelos se ven opacados por la manera de actuar de los militantes, pues en muchas ocasiones están de civil camuflados entre las comunidades.
Sin embargo, lo que llama la atención en este momento es que hay presencia de grupos internacionales que a juicio de la Defensoría están alimentando sus arcas ilegales con el producto comercializado en Colombia.
Esta situación no resulta del todo irregular pues en la última denuncia hecha por la ONIC expresan que los líderes de las comunidades indígenas han sido amenazados por miembros del Cartel de Sinaloa.
La denuncia de la ONIC y los argumentos de la Defensoría no son ajenos al ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien ayer aseguró que en el Cauca hay presencia de grupos extranjeros.
“Tenemos un GAO residual que viene actuando, presencia del Epl (Los Pelusos) y a esto hay que sumarle una situación de narcotráfico bien compleja, presencia de carteles del exterior que son los que compran la droga que se produce en esta zona”.
Esta precisión la hizo el jefe de la cartera argumentando que hoy en día los carteles no hacen presencia en el país ostentando grandes lujos sino por el contrario manejan el bajo perfil.
Al finalizar un consejo de seguridad en compañía del gobernador del Cauca y alcaldes del departamento, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció 20 compromisos para mejorar la seguridad, entre ellos, aumentar el pie de fuerza con cerca de 450 nuevos soldados. El funcionario señaló que los militares harán parte de la Tercera División del Ejército, que realiza labores de seguridad en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
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