Marisol Larrahondo B.
Efe | LA PATRIA | Valle del Guamuez (Colombia)
En las selvas del sur de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, familias campesinas se dedican al cultivo de pimienta y a la cría de ganado para rehacer sus vidas en tierras de las que habían sido expulsados años atrás por el conflicto armado.
Uno de ellos es Tomás Humberto Solarte, quien a sus 54 años no esconde la alegría de haber vuelto a su terruño en el caserío de Los Ángeles, que hace parte del municipio de Valle del Guamuez, junto con su mujer y sus tres hijos.
"El desplazamiento fue en el 2000, la orden era que nosotros saliéramos dejándolo todo, tocó obedecer y nos fuimos, yo me fui para Nariño donde estuve ocho años y cuando volví (en el 2008) mi finca no era nada, puro monte, no había nada de qué echar mano", recuerda sobre aquellos años en que tuvo que irse por la presión de guerrilleros y paramilitares.
En el Putumayo, un departamento selvático, las Farc y las ahora desmanteladas Auc, se enfrentaron durante años por el control de los cultivos de coca, lo que obligó a los campesinos a abandonar sus tierras.
Pero Solarte nunca perdió la esperanza de volver a lo suyo: "Yo tenía la idea de que esto no iba a durar todo el tiempo, cuando se normalizó un poco decidimos venirnos, y entonces nos comentaron del programa de Restitución de Tierras".
"Hace casi tres años que estamos con este programa (...) ha sido de gran bendición para nosotros los campesinos", dice Solarte.
Recuerda también que regresó a su propiedad, sin dinero pero con esperanza, y la Unidad de Restitución de Tierras le ofreció, al igual que a otros campesinos en su misma condición, ayuda para volver a empezar con la siembra de pimienta o la cría de ganado.
"Fuimos varias familias favorecidas (...) algunos pidieron para sembrar pimienta, otros pidieron para ganado, y yo, como había tenido animales en el Caquetá, entonces pedí ganado y ese es ahora mi trabajo", afirma.
Sin dinero y con esperanza
La Ley de Restitución de Tierras fue sancionada hace cinco años, el 10 de junio del 2011, por el presidente Juan Manuel Santos para devolver a víctimas del conflicto las propiedades de las que fueron desplazados o despojados por los distintos grupos armados ilegales.
Un total de 592.000 víctimas han sido indemnizadas desde entonces. Además, cerca de 300.000 víctimas han accedido a la atención psicosocial, lo que, según explicó el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Alan Jara, es fundamental para trabajar en el fin de "la polarización" social.
En este sentido, destacó la labor de "reparación colectiva" que según él, se convierte en elemento de reconciliación y también de reparación a la sociedad en su conjunto para reconstruir tejido social.
Agregó que la entidad que dirige afronta el "reto de la construcción de paz y el posconflicto", para lo cual debe de darse una reparación integral a las víctimas.
Jara también comentó que en los cinco años que han transcurrido desde la aprobación de la ley, y más allá de las cifras puntuales, lo más importante ha sido "el reconocimiento de las víctimas" del conflicto armado colombiano que el Gobierno intenta terminar en un proceso de paz con las guerrillas de las Farc y el Eln.
En estos cinco años, cerca de 1.600 mujeres han pasado por la estrategia de reparación integral para víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual y 5.500 mujeres sobrevivientes de violencia sexual recibieron su indemnización administrativa.
La subdirectora general de la Unidad para la Restitución de Tierras (URT), Alcelis Coneo, destacó que cuentan con un procedimiento ágil, jueces y magistrados e instituciones especializadas que permiten a víctimas del conflicto recuperar uno de los bienes mas preciados como es la tierra.
La funcionaria también comentó que Colombia asumió el reto de ir más allá de "la entrega material o jurídica de ese bien inmueble" para trabajar con las personas a quienes despojaron de sus tierras.
"Este proceso de restitución le ha apostado a lo que tiene que ver con la sostenibilidad de las víctimas, implementación de proyectos productivos, alivio de deudas de las víctimas y construcción de las viviendas", concluyó.
La URT ha recibido un total de 90.395 solicitudes, lo que supone le 51 %, y 33.382 han finalizado el trámite administrativo.
Ocho millones de víctimas hay en Colombia. Exactamente 8.040.748 por cuenta del conflicto armado. Hace cinco años el país estaba lejos de conocer esa cifra, lo que ahora es posible por el Registro Único de Víctimas, uno de los elementos que creó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
El delito más recurrente es el desplazamiento, con 6.803.961 víctimas, seguido del homicidio, las amenazas, la pérdida de bienes e inmuebles, la desaparición forzada, actos terroristas/atentados/combates, secuestros, abandono de tierras (9.949), torturas y vinculación de menores a la guerra (7.931).
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