Efe | LA PATRIA | Bogotá
La Fiscalía aseguró que investiga patrones comunes en los asesinatos de líderes sociales ocurridos en distintas zonas del país y que cifró en "más de 100".
"Al día de hoy (ayer) encontramos patrones de conducta comunes que nos hacen poner la atención en la sistematicidad de dichas aciones, situación que estamos evaluando", dijo la vicefiscal general, María Paulina Riveros.
Según detalló, hallaron indicios de esta situación en los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño.
"Esto es un número grandísimo. No nos queremos enredar en si son 120, 150, 300, 200, pero más de un caso de muerte de líderes sociales en una etapa de posconflicto resulta de extrema gravedad para el país", agregó la vicefiscal, al aludir al proceso que vive el país desde noviembre del año pasado, cuando el Gobierno firmó un acuerdo de paz con las Farc que puso fin a 53 años de conflicto.
Riveros aseguró que como Fiscalía les corresponde investigar todos los hechos punibles independientemente de la fuente que sustenta esta investigación.
Prioridad
El vicepresidente, Óscar Naranjo, aseguró que la protección de líderes sociales es prioridad para el Gobierno. "El presidente ha sido enfático al decir que los líderes sociales y defensores de derechos humanos son una prioridad para el Gobierno en materia de protección de su vida, su integridad y los ejercicios que desarrollan".
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de los defensores de derechos humanos en el país.
El organismo reiteró que ser defensor de derechos humanos es una labor legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el estado de Derecho y la construcción de una paz sostenible.
Aseguró haber verificado en lo corrido del año el asesinato de 105 defensores de derechos humanos, incluidos 73 homicidios contra líderes sociales, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales.
La Fiscalía pidió capturar a tres jefes de la guerrilla del Eln como presuntos responsables del asesinato del líder indígena Aulio Isarama Ballesteros, ocurrido en octubre pasado en el departamento del Chocó, frontera con Panamá.
El organismo estableció que la retención y posterior asesinato del líder indígena “correspondió a una decisión jerárquica y planeada en la organización guerrillera”.
Las órdenes de captura fueron emitidas por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo y homicidio agravado.
Igualmente, la Fiscalía solicitó audiencia de imputación contra los tres comandantes del Frente de Guerra Occidental del Eln por secuestro extorsivo y 87 casos de reclutamiento ilícito.
El Eln reconoció, en octubre pasado, su responsabilidad en el asesinato de Isarama, gobernador indígena de la comunidad Docasina, ocurrido el 24 de octubre de este año, en el municipio de Alto Baudó.
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