EFE | LA PATRIA | BOJAYÁ
Los habitantes de Bojayá, un remoto pueblo del Pacífico, se vistieron ayer de blanco para recibir los restos de un centenar de familiares, vecinos y amigos que fueron asesinados en la matanza perpetrada hace 17 años, de los peores crímenes del conflicto armado del país.
Con cánticos fúnebres y de alabanza propios de esta región del oeste del país, conocidos como alabaos, una multitud esperó la llegada de los 98 pequeños ataúdes de madera, de color marrón para los adultos y blancos para los niños, que perdieron la vida el 2 de mayo del 2002 en un combate entre paramilitares y guerrilleros de las Farc por el control de Bojayá, en el departamento del Chocó.
Ese día, un cilindro bomba lanzado por las Farc cayó en la iglesia de San Pablo Apóstol donde 400 habitantes de Bojayá habían buscado refugio y la fuerza de la explosión dejó un número indeterminado de muertos pues las cifras varían entre los 74 contabilizados oficialmente en ese entonces y 119 según otras fuentes.
“Ni una gota de sangre más en Bojayá” entonaron cantaoras de ese pueblo cuando entraron a la iglesia familiares de víctimas llevando en brazos las urnas de madera con los restos de sus seres queridos que permanecieron años en fosas comunes.
Unidos tristeza
“Es complejo a veces mencionar un número porque nosotros hemos dicho que no compartimos cifras; en Bojayá no se puede estar hablando de cifras sino de personas, seres humanos”, dijo ayer a periodistas Yuber Palacios Córdoba, miembro del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.
Esta organización, con el apoyo de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, logró en los últimos años que los fallecidos, muchos de los cuales fueron enterrados en fosas comunes, fueran exhumados para ser identificados y ayer regresaron a Bojayá para recibir la sepultura definitiva.
Los féretros fueron trasladados en dos helicópteros blancos de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia desde Medellín hasta la localidad de Vigía del Fuerte, en el departamento de Antioquia.
En Vigía del Fuerte fueron embarcados en canoas en las que iniciaron un recorrido por el río Atrato hasta Bellavista antigua, donde fue instalada la administración local de Bojayá tras la matanza, y en todo el trayecto estuvieron acompañados por el pueblo entero como una sola familia con globos y flores blancas.
“El pueblo bojayaseño, como una única familia que somos, perdimos cien personas en la masacre”, afirmó Palacios, quien explicó que en su caso, fueron 28 los parientes que murieron cuando la bomba lanzada por las Farc hizo explosión en plena iglesia abarrotada de hombres, mujeres y niños.
Cortejo fúnebre
Al llegar al embarcadero fluvial en Bojayá las urnas con los restos fueron entregados a familiares que los cargaron en brazos y siguieron en un cortejo fúnebre hacia el perímetro urbano del pueblo en compañía de mujeres que entonaban alabaos.
“Más allá de todo esto lo que queremos es seguir en los procesos de reparación colectiva para cada una de las víctimas” dijo el director de la Unidad para las Víctimas del Gobierno, Ramón Alberto Rodríguez, quien calificó de “algo histórico” la entrega de los restos identificados a sus familiares “para que puedan hacer el entierro final”.
En la iglesia donde ocurrió la matanza los homenajes continuaron a lo largo del día y por la noche fue celebrada una misa, seguida de un ritual fúnebre propio de las comunidades del Pacífico, con rezos y alabaos.
Despedida final
Estas ceremonias se repetirán a diario desde hoy hasta el 15 de noviembre, periodo durante el cual los familiares recibirán en privado explicaciones científicas de la Fiscalía sobre el proceso de identificación y lo que se está haciendo para hallar a los desaparecidos.
La despedida final comenzará el domingo con una misa tras la cual habrá un velatorio colectivo nocturno y al día siguiente los restos serán inhumados de manera definitiva en un mausoleo construido en homenaje a las víctimas.
Justicia y no repetición
El sacerdote Jesús Albeiro Parra Solís, que en la época de la matanza era el director de la Pastoral Social, coincide en que el capítulo de la masacre no se cierra con la sepultura y reclama acciones efectivas de "verdad y garantías de no repetición", así como que se vincule a otros responsables de esa matanza, entre ellos al Estado.
En su opinión, todavía no se ha dicho toda la verdad porque aunque las Farc, después de la firma de la paz pidieron perdón por la matanza, "falta el tema de los paramilitares, porque ellos también fueron responsables de este crimen de guerra porque tomaron la población de escudo y estuvieron antes de la masacre, durante la masacre".
Añade que ocho días antes de la matanza se dio la alerta a las autoridades de lo que podía suceder a través de la Diócesis de Quibdó, la Defensoría del Pueblo y la ONU.
Por eso, asegura que el Estado tiene que asumir su responsabilidad porque se "comprobó que la fuerza pública dejó pasar a los paramilitares ocho días antes de la masacre".
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