Bacrim, mayores violadores de Derechos Humanos

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, aseguró ayer que los mayores responsables de la afectación de los derechos humanos en el país son los grupos armados ilegales, principalmente los que emergieron después de la desmovilización de las Autodefensas.

Otálora Gómez señaló que las bandas criminales de Los Urabeños, Los Rastrojos, Las Águilas Negras, Los Paisas y La Empresa, entre otras, aparecen como las principales generadoras de esas situaciones en el 80 % de los reportes que reposan en la entidad.

La aseveración del funcionario tuvo lugar con ocasión de la presentación del informe de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Colombia. Al respecto, Otálora Gómez aseguró que valora los esfuerzos que el Gobierno ha venido haciendo, pero instó a las instituciones del Estado a fortalecer los mecanismos de protección dadas las difíciles condiciones de orden público que persisten en varias regiones.

Luego de conocer el informe, Otálora Gómez aseguró que a pesar del conflicto armado en el cual se cometen violaciones a los DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), Colombia registra avances importantes como el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad, entre otros.

Desde la ONU

Durante la presentación del informe, el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Todd Howland, resaltó además que su oficina trabaja a diario con personal de la Defensoría del Pueblo desarrollando misiones conjuntas y labores de análisis y seguimiento.

A pesar de los avances, la Defensoría coincide con la ONU en los desafíos que enfrenta el país para la protección efectiva de los DDHH: superar las causas que generan el desplazamiento forzado; lograr la protección de los defensores de derechos humanos y líderes reclamantes de tierras, y garantizar que las víctimas del conflicto alcancen la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Al respecto, dijo Otálora, la Defensoría ha venido alertando de manera permanente sobre las amenazas que en algunas regiones del país afectan a los defensores. En los dos últimos años, por ejemplo, se presentaron cerca de 1.400 quejas y denuncias por presiones y hechos que amenazan la integridad de esas personas, reportes que han significado la declaratoria de alerta en 122 municipios en 23 departamentos del país.

ONU alerta por ejecuciones extrajudiciales

Las Naciones Unidas alertaron de la situación a la que están expuestos los civiles en Colombia como víctimas de ataques, en ocasiones mortales, perpetrados por la fuerza pública y grupos armados ilegales como guerrillas y bacrim dentro y fuera del conflicto armado.

Estas conclusiones se desprenden del informe anual sobre Colombia elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, presentado en Bogotá por su representante, Todd Howland (foto).

Howland destacó que en el último año ha habido "un desarrollo bastante positivo" y hechos que animan a tener esperanza, como el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc que se desarrolla en Cuba desde noviembre.

No obstante, consideró inadecuada y urgente la respuesta estatal hacia las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por militares a cambio de beneficios, conocidas como "falsos positivos". "Han sido muy pocos los responsables de este delito de lesa humanidad que han sido retirados del servicio o procesados", destacó al ilustrar que de los 4 mil 716 casos registrados en la Fiscalía, tan solo un 30 % están en marcha.

Aunque en 2012 la ONU no conoció ninguna acusación o denuncia por falsos positivos, Howland resaltó que "todavía hay un espacio por el que los militares están matando a alguien, están violando derechos de vida en el marco del conflicto".

El informe reseñó que el Ejército y la Policía mataron el año pasado a varios civiles en circunstancias que no justifican su labor como garantes de la seguridad del país, y alertaron que los agentes involucrados han optado por encubrir el hecho y tratar de enmarcarlo en el conflicto o por afirmar que actuaron "sin intención".

Como ejemplo recordó una situación en la que un soldado disparó contra una pareja de indígenas que estaba pescando en un río de Risaralda (centro), acción que el militar justificó en que pensó que eran guerrilleros.