Avisan deportación que es el fantasma de los cubanos

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Gobierno rechazó ayer la petición de 1.300 cubanos ilegales que están represados en Turbo (Antioquia) de suministrarles un avión para continuar su viaje a México y dijo que quienes no abandonen el territorio voluntariamente serán deportados.

Así lo informó el director de Migración Colombia, Christian Krüger, luego de una reunión con el presidente, Juan Manuel Santos, la canciller María Ángela Holguín y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en la que se analizó la situación de los migrantes irregulares que están en la región de Urabá, fronteriza con Panamá.

"Se están tomando medidas. Invitamos a estos migrantes para que se acerquen a Migración Colombia para hacer las deportaciones voluntarias", dijo Krüger quien añadió que aquellos que no deseen hacerlo serán deportados.

Turbo es el principal puerto caribeño de la región de Urabá y por su posición geográfica es usado por extranjeros de Cuba y otros países, principalmente asiáticos y africanos, como trampolín para emprender viaje hacia Estados Unidos vía Panamá.

La Alcaldía de Turbo decretó hace una semana la calamidad pública por la presencia de los cubanos, que según algunas fuentes pueden ser 3.000, de los cuales 1.273 permanecen en una bodega y en sus cercanías.

Las medidas del Gobierno colombiano adoptadas anoche buscan blindar las fronteras contra el tránsito ilegal de personas y en ese sentido también anunció que quienes transporten, hospeden o faciliten el ingreso ilícito de extranjeros al país serán llevados a la justicia por el delito de trata de personas.

Asimismo se reforzarán los controles de las autoridades, en especial en el suroeste del país para evitar que personas que no cumplan con los requisitos, lleguen al país por la frontera con Ecuador para luego intentar llegar a Estados Unidos.

El funcionario dijo que en el caso particular de los cubanos que están hacinados en una bodega, que según un censo de la Defensoría del Pueblo son 1.273, se espera la autorización judicial para que las autoridades ingresen al lugar.