Aumentan amenazas a beneficiarios de restitución de tierras: AI

En su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la organización Amnistía Internacional (AI), advirtió que en Colombia durante el último año han aumentado las amenazas y ataques contra las víctimas que están reclamando el derecho a la restitución de sus tierras.

El informe destacó en particular que tras la entrada en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, “la reacción violenta de quienes se beneficiaban de la apropiación indebida de tierras hizo que quienes hacían campaña por la restitución y quienes intentaban regresar a sus tierras fueran víctimas de amenazas y homicidios”.

Según el informe de AI “se mataba o amenazaba a quienes luchaban por la restitución de tierras, y continuaba la preocupación por la capacidad de las autoridades para brindarles protección” y citaron el caso en particular de las acciones de grupo paramilitares denominados como “ejércitos anti-restitución” en varias zonas del país.

En cuanto a la situación de violencia en general, el reporte concluye que “todas las partes en el dilatado conflicto –las fuerzas de seguridad, actuando solas o en connivencia con paramilitares, y los grupos guerrilleros– continuaron siendo responsables de abusos graves contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, como homicidios ilegítimos, desplazamiento forzado, tortura, secuestros o desapariciones forzadas y violencia sexual”.

Señalaron que las víctimas fueron en particular miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, defensores y defensoras de los derechos humanos y sindicalistas.

Respecto al desplazamiento, Amnistía Internacional, reportó que “aunque no se disponía de cifras concretas, se sabía que decenas de miles de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares en 2012, como consecuencia directa del conflicto. La mayoría de ellas eran miembros de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes y campesinas de zonas rurales”.

Destacaron algunos casos como el sucedido en junio de 2012, en donde 130 personas de El Tarra, Norte de Santander, y unas 400 de Leiva, Nariño, se vieron obligadas a huir de sus hogares.

Frente a las fuerzas de seguridad del Estado, AI indica que “fueron responsables de graves abusos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, a veces en connivencia con grupos paramilitares. Se siguieron denunciando ejecuciones extrajudiciales directamente perpetradas por las fuerzas de seguridad, aunque no en la escala de años anteriores”.

Frente a los grupos paramilitares, dice el reporte que son calificados como “bandas criminales” por el gobierno, y según AI, “fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos, como
homicidios y desapariciones forzadas, y de operaciones de limpieza social en barrios urbanos pobres. Algunos de estos actos se cometieron con la connivencia o la aquiescencia de las fuerzas de seguridad. Las víctimas fueron principalmente sindicalistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, así como representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas”.

Con respecto a las FARC y el ELN, indica el informe que “cometieron abusos graves contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, tales como homicidios ilegítimos, toma de rehenes, desplazamientos forzosos, reclutamiento de menores de edad y uso indiscriminado de armas. En los primeros siete meses de 2012, murieron 25 civiles y 22 miembros de las fuerzas de seguridad a causa de minas terrestres, colocadas en su mayoría por grupos guerrilleros.