EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
Los principios, plasmados en el compromiso del Gobierno nacional en el marco del fin del conflicto armado, para la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz a los agentes del Estado, fue sellado por los ministros de Justicia, Yesid Reyes, y de Defensa, Luis Carlos Villegas, tras un acto castrense.
El documento firmado el pasado sábado incluye dos puntos trascendentales, uno es el reconocimiento por parte del Gobierno y de los colombianos del sacrificio y entrega hecho por las Fuerzas Armadas y la Policía durante décadas en la búsqueda permanente para garantizar la protección de los colombianos.
El otro supone un reconocimiento de que en el desarrollo del conflicto de medio siglo se han cometido violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Ese documento define el ciclo de justicia que se aplicará una vez termine el conflicto junto con el acuerdo alcanzado por el Gobierno y las Farc en materia de víctimas que fue anunciado la semana pasada.
Como parte de ese acuerdo se creará un mecanismo de la Jurisdicción Especial para la Paz que se aplicará a los responsables del conflicto armado y que suponía el punto más espinoso de los diálogos.
El sistema integral de justicia estará integrado por cinco herramientas, entre ellos la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Santos explicó que en el tribunal especial que se creará los magistrados no serán escogidos por las Farc.
"Serán magistrados escogidos con toda la objetividad por instancias con toda la legitimidad", destacó.
Por el momento no se ha detallado cómo se escogerá a los miembros de ese tribunal.
1. Deber de garantía y presunción de legalidad: En el caso de los agentes del Estado, la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz parte de que el Estado tiene como fin proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos. Los miembros de la Fuerza Pública ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales.
2. Seguridad Jurídica: Todas las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz harán tránsito a cosa juzgada y se garantizará su inmutabilidad. Dichas decisiones solo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo Tribunal.
3. Tratamiento diferenciado, independencia e imparcialidad: Los agentes del Estado que hubieren realizado conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, el tratamiento será simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo.
4. Prevalencia de la Jurisdicción Especial para la Paz: Prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas.
5. Finalidad y configuración de las sanciones: Tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. La configuración definitiva de las sanciones del Sistema Integral para los Agentes del Estado será propuesta por el Gobierno Nacional antes de la firma del Acuerdo Final.
6. Sanciones: Las que impliquen privación efectiva de la libertad, se cumplirán en todo caso en los establecimientos previstos en el régimen penitenciario y carcelario establecido para ellos, conforme al principio de tratamiento diferenciado.
7. Responsabilidad del mando y otros superiores: La Jurisdicción Especial para la Paz aplicará, en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, el Derecho Internacional Humanitario. La determinación de la responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía, o el ámbito de jurisdicción.
8. Revisión de sentencias: La Jurisdicción Especial para la Paz consagra que a petición del condenado se revisarán las sentencias proferidas por la justicia por inexistencia del hecho, error manifiesto en la calificación jurídica, por conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, siempre que se cumplan las condiciones del Sistema Integral.
9. Resolución de la situación jurídica: La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas resolverá la situación jurídica de los Agentes del Estado que participan en el conflicto armado cuando no hayan tenido la mayor responsabilidad de los delitos más graves y representativos. Podrá suspender la ejecución de la pena y la renuncia a la persecución penal.
10. Integralidad y Condicionalidad del Sistema: Para acceder a cualquier tratamiento especial, los agentes del Estado deberán contribuir al esclarecimiento de la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Quien aporte de manera dolosa información falsa perderá el tratamiento especial de justicia.
Jaime Ruiz Barrera general (r), presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares
Es un avance justo para las Fuerzas Militares. Es muy importante que se reconozca que estas actúan bajo la ley y legitimidad, brindando así un factor equitativo a la hora de juzgar. La gran preocupación es que es un compromiso entre dos Ministerios, el de Defensa y el de Justicia, hasta ahí no hay ninguna intervención de la Rama Judicial ni la Rama Legislativa. Si esto se convierte en un instrumento jurídico con peso, se necesita que se le dé valor jurídico.
Luis Galvis coronel (r)
Desde las bases de las Fuerzas Armadas existe cierta incomodidad aún, la mayoría de soldados y policías se sienten juzgados de la misma forma que delincuentes. Si bien se ha intentado mostrar una autonomía de los dos procesos, el clima persiste ya que esta justicia, así no se haya dialogado con las Farc, se da en el marco de los diálogos de paz.
General Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares
Los agentes del Estado han salido favorecidos con la determinación, así que deben estar agradecidos con el Gobierno por la determinación que demuestra un respaldo a los miembros de la Fuerza Pública, cumpliendo la promesa del presidente Santos de que habría beneficios en materia de Justicia para los uniformados en los escenarios de paz así como lo habría para las Farc.
Álvaro Uribe Vélez, expresidente y senador del Centro Democrático
El acuerdo de justicia iguala a las Fuerzas Armadas con guerrillas y el Gobierno trata de aparentar lo contrario. Facilita la absolución y elegibilidad de Farc y obligará a militares, policías y civiles a reconocer crímenes no cometidos para evitar cárcel.
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