Así juzgarán delitos de la fuerza pública

 Aprobada la controvertida reforma a la Justicia Penal Militar, el Gobierno celebra no solo salir vencedor en el Congreso con uno de sus proyectos legislativos prioritarios, sino cumplir la promesa a los militares, que reclamaban garantías jurídicas acordes a la situación de conflicto armado que enfrentan.

Con el proyecto en camino a conciliación y sanción presidencial -antes de finalizar este año, y desde marzo de 2013 el trámite final de reglamentación mediante una ley estatutaria y otra ordinaria para definir la parte operativa-, el Ejecutivo insiste en defender la reforma frente a las críticas que aún le llueven por parte de los defensores de derechos humanos.

Organizaciones internacionales, caso Human Rights Watch, insisten en que el fuero militar promueve la impunidad y sacan a relucir crímenes graves cometidos por algunos uniformados, que califican como "sistemáticos dentro de las Fuerzas Militares", como los cerca de 1.500 casos de ejecuciones extrajudiciales, que son investigados por la justicia ordinaria.

Frente a los señalamientos, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ratificó ayer, que el nuevo fuero militar no favorece la impunidad ni es un retroceso jurídico en derechos humanos.

Según Pinzón, "no se aprobaron privilegios, sino las garantías legales que permitan estar claros a la hora del empleo de la fuerza legítima a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH)", que regula los conflictos armados.

Lo que se aprobó

El fuero militar, que cobija a unos 500 mil militares y policías que conforman las Fuerzas Armadas, establece que si los actos no tienen relación con el servicio van a la jurisdicción ordinaria (Fiscalía, jueces y tribunales). En caso contrario, como insubordinación o asesinato de un soldado a un superior van a la justicia penal militar.

El senador Juan Manuel Galán, coordinador ponente del proyecto, explicó que no hay impunidad porque los delitos considerados de lesa humanidad, y que Colombia se comprometió a proteger mediante tratados internacionales como el Estatuto de Roma (que creó la Corte Penal Internacional) serán juzgados por la justicia ordinaria. Estos son el genocidio, la desaparición forzada, la tortura, la ejecución extrajudicial, la violencia sexual y el desplazamiento forzado.

Uno de los triunfos que se atribuye a los militares con el nuevo fuero militar es que las investigaciones por presuntos delitos de uniformados serán con base en el Derecho Internacional Humanitario.

Así lo reconoció el general Sergio Mantilla, comandante del Ejército, quien cuestionó que "los militares eran juzgados por leyes reservadas a países sin conflicto y por jueces que no entendían las operaciones militares".

El alto oficial se refirió a casos de militares juzgados y condenados porque los jueces asumieron que un miliciano de la guerrilla, vestido de civil (sin uniforme), no era combatiente por no llevar uniforme y porque su grupo estaba en inferioridad numérica a las tropas (principio de proporcionalidad).

Cambios en la investigación
La nueva Justicia Penal Militar implica un cambio en la metodología de las investigaciones por posibles delitos de uniformados, que empiezan en la supuesta escena de un crimen o en el sitio de los combates.

Con la reforma aprobada, ya no serán los técnicos forenses del CTI de la Fiscalía los primeros en llegar al sitio del hecho, como se hace desde 2008 por decisión del Gobierno anterior para evitar los casos de "falsos positivos", que le generaron uno de los mayores escándalos a la administración Uribe.

Con la medida, se buscó impedir que los soldados involucrados en una ejecución extrajudicial manipularan la escena para mostrar a civiles como guerrilleros muertos en combate, mediante lo que los investigadores judiciales llamaban con sorna "kit guerrillero": uniforme, botas y armas, a veces inservibles.

Desde el próximo año, cuando entre en vigencia el nuevo fuero militar, un equipo de Policía Judicial del Ejército o la Policía será el primero en llegar a los sitios para establecer si hubo procedimiento legal como una muerte en combate o si hay una anomalía que deba investigar la justicia ordinaria.

A juicio de los abogados de derechos humanos y víctimas, como Jorge Molano, "eso no es prenda de garantía y se mantiene el riesgo de alteración de la escena del crimen. Además, la comisión que decidirá si el caso pasa a la Fiscalía o los jueces militares esta conformada por uniformados retirados".

Molano se refiere al nuevo Tribunal de Garantías Penales, creado por la reforma, que servirá de juez de control de garantías en un proceso penal contra miembros de la Fuerza Pública y dirimirá conflictos de competencia que ocurran entre la justicia ordinaria y la penal militar.

Otro cambio consignado en la reforma define que los militares que sean procesados cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos. Si no están disponibles, en las instalaciones de la unidad militar a la que pertenezcan.

No solo los militares recibieron con satisfacción la aprobación del proyecto. El director de la Policía, general José Roberto León Riaño, aseguró que el fuero le "devuelve la confianza a los miembros de la Fuerza Pública para actuar contra grupos ilegales, según lo ordena la ley".