COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene listo un borrador de reforma constitucional que busca, después de varios intentos fallidos, crear la doble instancia de juzgamiento para los aforados constitucionales, es decir, congresistas, ministros, gobernadores y generales de la República.
El presidente de la Sala Penal, magistrado Eugenio Fernández Carlier, empezó ayer a socializar el documento con el Congreso y el Gobierno Nacional, a fin de llegar a una propuesta definitiva que se radique tan pronto empiece la próxima legislatura.
En el proyecto se establece por ahora que la Fiscalía General sea la encargada de la labor de investigación y acusación, y que la primera instancia sería el Tribunal Superior de Bogotá para que sea la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que adelante la segunda instancia.
Esto, a fin de zanjar las polémicas que se han generado por la falta de doble instancia para estos funcionarios y para adecuar la normatividad interna a la internacional.
El magistrado Fernández Carlier había explicado el pasado 17 de febrero que este proyecto también se pensó para cumplir con un fallo de la Corte Constitucional, que dice que todas las personas que hayan sido condenadas por primera vez tienen derecho a impugnar esa determinación ante un superior jerárquico.
"La Corte está interesada en que se le dé el cumplimiento a los fallos de la Corte Constitucional que impusieron en Colombia la doble instancia para la investigación y juzgamiento de los aforados constitucionales", señaló.
El borrador
El proyecto de reforma cambia la estructura de la Sala Penal, dividiéndola en dos salas: una de casación, que lleve este procedimiento, y otra de impugnación y de doble instancia, que serían las que permitirían cumplir con los fallos de la Corte.
Esto, ya que si actualmente una persona es absuelta por un juez de primera instancia y condenada en segunda por un Tribunal, no tiene la posibilidad de impugnar esa condena sino solo de presentar un recurso de casación, que no es una tercera instancia, sino un instrumento que busca revisar errores en los fallos por parte de los magistrados y que es muy técnico.
El borrador igualmente propone para la Sala Laboral la existencia de cuatro salas de descongestión por un tiempo determinado, compuesta cada una por tres magistrados, a fin de salir de más de 16 mil procesos represados allí.
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