Asesinato de una mujer por un soldado aumenta la tensión

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El asesinato de una mujer por un soldado tensó más la relación del Gobierno y la sociedad en momentos en que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, está en el ojo del huracán por los abusos policiales y por su respuesta a una orden judicial sobre excesos de la fuerza pública.

Juliana Giraldo, de 38 años, recibió ayer un disparo en la cabeza cuando viajaba en un automóvil junto con su marido y otras dos personas en cercanías de un punto llamado Guatemala, en el municipio de Miranda (Cauca).

"El Ejército me acaba de matar a mi mujer", reclamó en medio de gritos Francisco Larrañaga quien grabó en un video a los soldados que minutos antes del ataque los detuvieron en la vía.

Esa institución reconoció la muerte de la mujer transgénero, que se produce en un momento de alta tensión en Colombia por los abusos y el exceso de violencia de miembros de la Policía en las protestas sociales.

Según el Comando Específico del Cauca del Ejército, ayer en la mañana, cuando soldados del Batallón de Alta Montaña Número 8, José María Vezga, realizaban "labores de control militar de área, una mujer resultó muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza".

Ánimos caldeados

El asesinato de Giraldo caldeó los ánimos de la ciudadanía que hastiada de la violencia el lunes volvió a protestar en las calles contra el abuso policial que el 9 de septiembre acabó con la vida de Javier Ordóñez, un hombre de 46 años por cuya muerte fueron detenidos dos agentes.

"Juliana Giraldo Díaz no murió, a Juliana la mataron. La asesinaron a sangre fría y en estado de indefensión", dijo la Red Comunitaria Trans, una organización defensora de derechos humanos que exigió justicia por su asesinato.

Mientras que el presidente, Iván Duque, condenó lo ocurrido y lo calificó como un "repudiable hecho", varios sectores le exigieron pronunciamientos contundentes y medidas que ayuden a Colombia a salir de la espiral de violencia que sigue en aumento.

Duque ordenó una "investigación con celeridad" y dijo que el "responsable debe recibir castigo ejemplar", pero los ciudadanos insistieron en que los abusos en los que se han visto involucrados uniformados no son aislados.

El país recordó que el 25 de noviembre el bachiller Dilan Cruz murió en una clínica de Bogotá, dos días después de ser herido en la cabeza por un disparo de perdigones de un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuando participaba en una protesta.

También el pasado 20 de mayo, Ánderson Arboleda, un joven negro, falleció en una clínica de Cali por los golpes que sufrió en la cabeza un día antes en el vecino departamento del Cauca y que al parecer le fueron propinados por policías que le recriminaron por violar la cuarentena contra el coronavirus.

El ministro Trujillo, cuya renuncia al cargo ha sido pedida por varios políticos de la oposición, manifestó que "el personal involucrado en el hecho, (...) será separado de sus funciones y ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes para las acciones que en derecho correspondan".

Disculpas del Gobierno

La respuesta del Gobierno a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que el martes ordenó al ministro de Defensa pedir perdón en menos de 48 horas por la violencia policial, ha sido criticada desde diversos sectores.

Dos horas antes de que se cumpliera ese plazo Trujillo dijo que el pasado 11 de septiembre había pedido perdón por "cualquier violación a la ley" que hubieran cometido miembros de la Policía.

"El 11 de septiembre de 2020, el ministro de Defensa, en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso, ampliamente difundido, señaló que 'la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución'", dijo ayer en una declaración a la prensa.

Trujillo continuó pronunciándose en la misma línea que ha mantenido tras conocerse el fallo de la Corte, pues ayer aseguró que el Esmad de la Policía actúa "exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito".

Igualmente achacó los abusos policiales a "comportamientos individuales de algunos de sus integrantes", por lo que hoy recalcó que "corresponderá a las autoridades judiciales y disciplinarias competentes determinar las responsabilidades en cada caso individual".

Críticas y pedido de renuncia

Para el senador Armando Benedetti, del Partido de la U, lo que debe hacer el ministro es "reconocer la gravedad de los hechos, pedir perdón y asumir la responsabilidad, decir la verdad y no solo balbucear".

Por ello el senador Jorge Robledo, del partido Polo Democrático Alternativo, está liderando una campaña con 21 congresistas más para pedir la renuncia del ministro de Defensa, sobre quien dice que viola la ley y engaña a los ciudadanos.

"Entre representantes a la Cámara y senadores le pusimos una queja disciplinaria al ministro de Defensa ante la Procuraduría que apunta a que lo destituyan del cargo y le pongan otras acciones porque el señor ministro se ha pasado por la faja todo el código disciplinario único en violaciones gravísimas", expresó Robledo.

Al respecto, el procurador general, Fernando Carrillo, manifestó que "las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse así no se compartan. Ese principio es la base de un Estado de derecho democrático y más cuando se trata de entidades públicas y de servidores públicos".

"Las autoridades pueden solicitar a la Corte Constitucional la selección de una tutela para que el alto tribunal revise las disposiciones impartidas, pero ello no las exonera del cumplimiento de la decisión que busca proteger derechos fundamentales. Incumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia es incurrir en desacato", expresó el jefe del Ministerio Público.

Es por ello que el debate sigue abierto y las decisiones del ministro de Defensa pueden avivar más la llama de inconformismo que hoy vive Colombia por los abusos policiales y los excesos de los militares.

La cifra

38 asesinatos por parte de la fuerza pública se han registrado en el país en el 2020, según Indepaz.