Asesinato de líderes sociales es un fracaso para el Estado

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

"América Latina tiene lamentablemente altos índices de defensores y líderes sociales asesinados, pero el número uno en la región es Colombia, de lejos", explicó ayer el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, durante la presentación del informe Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia.

Colombia, junto a Irak y Filipinas, se disputa el primer lugar de país más inseguro para los defensores, ya que desde noviembre del 2016, cuando se firmó la paz con las Farc, 421 líderes sociales han sido asesinados, según datos de la ONU (que la Defensoría del Pueblo eleva a 710).

"Esto representa un fracaso para el Estado colombiano, que no ha sido capaz con todo su desarrollo institucional de alcanzar estos territorios, prevenir estos hechos, investigarlos a fondo, desmantelar las mafias y los grupos irregulares armados que están detrás de estos asesinatos y reducirlos", aseguró Vivanco en una rueda de prensa virtual.

Mediante más de un centenar de entrevistas a autoridades, integrantes de la fuerza judicial, activistas, organizaciones sociales y miembros de la fuerza pública, HRW constató la falta de eficacia del Gobierno para responder a las amenazas a defensores de derechos humanos.

Respuesta militar, insuficiente

El Gobierno del presidente, Iván Duque, se ha centrado en dar una respuesta militar para luchar contra el narcotráfico y otras bandas armadas, pero según HRW, "hay un déficit" porque "la prioridad es enfrentar a los grupos, pero no necesariamente proteger a la población".

Un organismo fundamental para blindar a los defensores, la Unidad Nacional de Protección (UNP), protege a 3.700 defensores y activistas, según el Gobierno, lo que ha evitado en gran medida que sean asesinados, pero la cifra de quienes acceden a esta protección es baja.

"El problema es la protección de los defensores que quedan fuera del radar de la UNP", comentó Vivanco, ya que, por falta de recursos económicos y de personal, se rechaza hasta el 90% de las peticiones de protección, y los plazos dictados por ley para resolver dichas peticiones, que son 30 días, se extienden hasta los 130, según denunció HRW.

En el informe se rescata el caso de Rodrigo Salazar Quiñones, un líder indígena de Tumaco (Nariño), que había denunciado amenazas de grupos armados desde 2014 y le habían asignado tres escoltas y un vehículo blindado, pero en 2020 se le redujo la protección a un solo escolta y un teléfono, y fue asesinado el 9 de julio de ese año, cuando ni siquiera lo acompañaba el escolta.

Promesa incumplida

HRW resaltó la labor de la Fiscalía y los juzgados por investigar estos casos, en los que se han logrado hasta la fecha 57 condenas.

"Todos sabemos que los niveles de impunidad en Colombia, en todo tipo de delitos, son altísimos", recordó Vivanco, por lo que conseguir 57 condenas y emitir 200 órdenes de captura es un avance, aunque también tiene defectos.

La mayoría de estas condenas son a los sicarios, autores materiales de los crímenes, pero apenas 10 de esas condenas han sido para quien dio la orden de matar, que son el verdadero problema.

Para este tipo de crímenes, Duque anunció en 2019 la creación de unos juzgados especiales, de los que todavía no se ha concretado nada más que el propio anuncio.

Compromiso del Gobierno

En respuesta al informe, el Gobierno reincidió en su compromiso de acabar con la violencia, alegando, en palabras de la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, que "no ahorra esfuerzos para frenar la violencia contra los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos".

Agregó que durante 2020, fueron capturados 14 y abatidos 3 de los 31 delincuentes relacionados en el 'cartel de los más buscados por homicidios a líderes y defensores de derechos humanos' del Ministerio de Defensa, logrando una efectividad del 54,8%.