COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá
Con posiciones firmes de lado y lado comenzó ayer en La Habana (Cuba) el décimo ciclo de conversaciones entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional en el que se aborda el segundo punto de la agenda pactada: la participación política.
Tan profundos eran los desacuerdos entre las comisiones, que decidieron reunirse por separado a discutir las propuestas de la contraparte antes de volver a encontrarse. Este mecanismo, que ya funcionó al final de la discusión del primer punto de la agenda brindando mayor agilidad, puede ayudar a facilitar las cosas a futuro.
También anunciaron que acogerán las propuestas que llegaron del foro de participación política realizado en Bogotá, que fue organizado por las Naciones Unidas y la Universidad Nacional. Esta semana llegarán delegados de estas dos instituciones, para sustentar estas propuestas ante la mesa de La Habana.
Tensión al comenzar
Antes de iniciar las deliberaciones, el jefe de la mesa de negociaciones de las Farc, alias Iván Márquez, propuso que se aplacen durante un año las elecciones presidenciales y regionales de alcaldes y gobernadores “para que no se afecte el proceso por el afán electoral”.
Esto generó malestar en el Gobierno, que constantemente ha reiterado que las negociaciones deben hacerse en el tiempo que se acordó inicialmente, es decir, que deben terminar para el mes de noviembre. El jefe negociador del Gobierno, el caldense Humberto De la Calle, les respondió a las Farc que “esa propuesta está descartada”, pues de lo que se trata es de “no distraerse”.
De la Calle dijo en su intervención que en este ciclo se hablará de participación política de la guerrilla “como un todo, no de manera individual”, y dijo que el tema de las personas que eventualmente comenzarían a hacer política “se abordará posteriormente”.
El jefe negociador también dijo que el Gobierno se compromete a dar “todas las garantías” pues advirtió que “no podemos repetir la experiencia de la Unión Patriótica".
Diferencias
Actualmente, al inicio de este décimo ciclo en que se empieza a discutir el tema de la participación política, este desacuerdo sigue vigente, a pesar de que ya han pasado seis meses desde que se inició la negociación.
Desde el inicio de las conversaciones de paz, el presidente Juan Manuel Santos ha sido enfático en que los tiempos determinados para la negociación deben cumplirse. De acuerdo con varias declaraciones del Gobierno, esto no es negociable, porque “el proceso de paz no debe durar eternamente”.
El Gobierno justifica su posición diciendo que con el tiempo se ha incrementado el apoyo popular al proceso de paz y que “para mantenerlo e incrementarlo, tenemos que producir resultados”.
También se basa en que la Constitución Política actual brinda todas las garantías que las Farc piden y que lo único que se necesita es cumplirla. De la Calle afirmó que “el problema de la participación política no está en la Constitución, sino en aprovechar los espacios de participación que se abrieron con ella”.
Las Farc han insistido constantemente en que los diálogos se deben llevar a cabo discutiendo los temas a profundidad y esto no puede depender de los tiempos electorales del Gobierno. De hecho, al inicio de la novena sesión de diálogos, las Farc se manifestaron en desacuerdo con lo que llamaron “las negociaciones exprss” del Gobierno Nacional.
Las Farc se justifican en que hay situaciones que, “de no ser atendidas con inteligencia y decisión, harán saltar en mil pedazos lo alcanzado hasta la fecha”, haciendo imposible la culminación del recorrido que aún falta para lograr el propósito de la paz para todos.
También en que el artículo número 376 de la Constitución de 1991 consagra la opción de convocar una nueva constituyente en caso de que alguna de las dos cámaras del Congreso lo apruebe a manera de ley, y luego esto sea refrendado por votación popular, en la que deberá participar por lo menos una tercera parte del censo electoral.
Entre los temas que proponen las Farc está el de la segunda instancia para los congresistas; la eliminación de inhabilidades por única vez para políticos que deseen participar en la política; la desvinculación del Ministerio Público de los procesos de la jurisdicción penal; el reordenamiento territorial de la Nación que permita la descentralización administrativa y fiscal, creando nuevas regiones con claridad para dar mayor eficacia.
Algunas de estas propuestas implican profundos cambios en la organización del país, sin embargo otras ya se han venido discutiendo en el Congreso a manera de reformas y podrían sacarse adelante de esa manera. Falta ver de qué manera sortean estos temas en las negociaciones de La Habana.
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