La plenaria del Senado de la República aprobó con 57 votos a favor y 1 en contra el proyecto de reforma constitucional que asegura el monopolio legítimo del uso de armas por parte del Estado. El artículo constitucional, además prohíbe la creación de grupos paramilitares por parte del Estado.
La reforma fue tramitada a través del mecanismo Fast Track y hace parte del grupo de proyectos de ley presentados, producto del acuerdo del Teatro Colón y que fue firmado por las Farc y el Estado en Cuba, tras finiquitar los diálogos de paz.
El artículo de la ley asegura que “como una garantía de No Repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado”, y precisa que dicho monopolio está en manos de la Fuerza Pública y claro se ejerce en todo el territorio. “La iniciativa además prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, financiación, apoyo, encubrimiento o favorecimiento de grupos civiles armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares”.
Tras la aprobación la bancada del Centro Democrático habló sobre los reparos que tienen frente a este proyecto.
El senador Jaime Amín sostuvo que esta ley va a permitir que en adelante cuando se revisen procesos de paramilitarismo “el Estado estará involucrado por corresponsabilidad, pues en este acto legislativo está asumiendo una responsabilidad”.
A su turno Alfredo Rangel dijo que es lamentable que se haya aprobado la iniciativa distorsionando la verdad histórica pues “la conclusión de este debate es que el paramilitarismo ha sido una política de Estado. Además, queda implícito que al no prohibirse la rebelión armada queda como una opción legítima”.
La reforma había generado una intensa polémica entre analistas y académicos al considerar que no se debería incluir en la Constitución un artículo que prohíbe lo que ya está prohibido. Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, reiteró la importancia del proyecto como una iniciativa que eleva a nivel constitucional las garantías de no repetición.
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