Aprobada conciliación de reforma a justicia y paz

La Cámara de Representantes aprobó en la tarde de este martes la conciliación de la iniciativa que reforma la ley de Justicia y Paz o 975 del 2005.

El proyecto, al cual solo le hace falta la sanción presidencial, busca ampliar el plazo de los sometidos al proceso de Justicia y Paz y además dictar causas específicas por las cuales quienes se acogieron a la medida pueden perder sus prerrogativas.

El proyecto, cuyo único opositor en la plenaria fue el Polo Democrático Alternativo, contó con el apoyo de la mayoría de parlamentarios.

La iniciativa, entre otras cosas, asegura que luego de los 8 años de cárcel que los desmovilizados deben pagar, demostrando su compromiso con la justicia colombiana, quedarán bajo libertad condicional hasta que cuenten toda la verdad de los hechos ocurridos contra las víctimas del conflicto armado colombiano.

El articulado también contempla las condiciones que deben tener los desmovilizados para postularse al proceso: “Haber permanecido como mínimo ocho años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley”.

Lo anterior, según lo explica el proyecto, “será contado a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario; haber participado en las actividades de resocialización disponibles, si éstas fueren ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec y haber obtenido certificado de buena conducta”.

También debe hacer participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de Justicia y Paz; además “haber entregado los bienes para contribuir a la reparación integral de las víctimas, si a ello hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto en la presente ley; no haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilización”.

El desmovilizado deberá cumplir todas las condiciones para que el juez le otorgue la libertad condicional.

La iniciativa también contempla que serán excluidos del proceso quienes se nieguen a comparecer al proceso o incumplan los compromisos propios de la ley de Justicia y Paz. Además cuando aquel que esté dentro del proceso no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley.

Uno de los artículos que más causó polémica dentro de la plenaria de la Cámara de Representantes fue el 23ª, el cual contempla la reparación integral a las víctimas. “Serán la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, las que adoptarán las medidas para la rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición”.

Hugo Velásquez del Partido Liberal dijo que este proyecto busca superar las limitaciones de la ley 975, o de Justicia y Paz, “porque en el momento de ser implementada se encontraron múltiples obstáculos, hasta el momento sólo se han dictado 14 sentencias, se ha fallado un sólo incidente y eso ha generado un estancamiento de Justicia y Paz con la perspectiva preocupante de que en el 2014 se estarían cumpliendo las penas alternativas previstas en la ley 975 y esto podría ocasionar una excarcelación masiva de exparamilitares”.

Así mismo, señaló que esta reforma hará más ágil el procedimiento concentrando audiencias, permitiendo que el fiscal seleccione y priorice casos, “así como la reparación a las víctimas se puede hacer por vía administrativa, es decir que no sería un obstáculo para que se llegue a una sentencia”.

Por otra parte, Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo aseguró que votó en contra de la conciliación y de la reforma “por la sencilla razón de que elimina la reparación por vía jurídica y convierte el proceso en un desgaste burocrático para millones de personas que han esperado 5 y 6 años en el proceso y que van a tener que esperar probablemente 10 años más para recibir un cheque por una ínfima cantidad de dinero que no tiene ninguna proporción con el daño que han vivido”.