COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
2019 no solo será recordado por el Bicentenario del Ejército, sino porque es el año en el que la institución atraviesa por una crisis en medio de señalamientos de corrupción que involucran a generales muy cercanos a la comandancia y por los cuales avanzan investigaciones en la Fiscalía y se iniciaron otras en la Procuraduría.
Lo que se conoció ayer llegó del Ministerio Público. Fernando Carrillo, el jefe de la Procuraduría, dijo que se ordenó la apertura de tres investigaciones, relacionadas con los presuntos actos de corrupción de los generales que fueron mencionados en la publicación de la revista Semana de su más reciente edición.
La primera relacionada con la presunta exigencia de dinero del general Adelmo Fajardo, segundo al mando del Ejército. Al parecer, coaccionaba a sus subalternos para que le consiguieran dinero para gastos personales y de familiares en viajes al exterior.
La segunda línea de investigación es en contra del general Jorge Romero de quien se dice estaría involucrado con la expedición irregular de salvoconductos para el porte de armas cuando estuvo al mando de la Cuarta Brigada, que tiene sede en Medellín. Romero, actualmente, hace parte del Comando de Acción de Apoyo Integral.
El tercer expediente en manos de la Procuraduría tiene como investigado al general Eduardo Quirós, al mando de la Contrainteligencia, sobre quien recaen sospechas por el supuesto ofrecimiento de dinero o largos permisos de vacaciones para quien entregara nombres y datos de las personas que filtraron documentos a los medios de comunicación sobre las irregularidades referentes a la polémica directriz de efectividad en las operaciones.
"De entrada hay que resaltar la gravedad de las denuncias, de las evidencias y de las pruebas que reposan en la Procuraduría”, dijo Carrillo Flórez al anunciar las aperturas de las investigaciones.
Según trascendió, los procuradores judiciales que están a cargo analizan si oficiales del grado de mayores y coroneles participaron en actos de corrupción para presionar ascensos y nombramientos.
Desde la Procuraduría también se informó que en las pruebas que se ordenaron recabar está una revisión a los procedimientos que se surtieron en la Inspección del Ejército por el presunto requerimiento de dinero por parte de oficiales, el traslado de copias a la Fiscalía y las actuaciones surtidas en la oficina de Personal del Ejército.
El tema no es de poca monta ya que en el tiempo en el que se presume que se engavetaron esos procedimientos, la Inspección estuvo a cargo del general Nicacio Martínez, hoy comandante de las tropas.
Silencio incómodo
Desde el mismo sábado cuando se conocieron las denuncias se insistió por una respuesta de Martínez Espinel, pero la misma se conoció solo hasta la madrugada de ayer a través de un mensaje en Twitter.
En una carta de tres páginas recalcó que cuando estuvo al frente de la Inspección no tuvo conocimiento de denuncias en contra de los generales mencionados en la publicación. Pero reconoce que atendió una inspección judicial de la Fiscalía “por hechos ocurridos en la Cuarta Brigada, de los que no conozco los detalles, los supuestos implicados y el avance de la investigación”.
Al consultar a la Fiscalía por dichas investigaciones, Fabio Espitia, actual encargado del búnker, dijo que hay pesquisas que se iniciaron “desde junio del año pasado por la delegada ante la Corte Suprema de Justicia y se corrió traslado de esa investigación a Medellín”.
Espitia aclara que en estos expedientes se presume que hay una eventual participación de miembros de la fuerza pública, pero no precisó qué tipo de actuaciones procesales han surtido trámite en torno a este episodio.
Pese a que ha pasado un año sin que se conozcan decisiones de fondo sobre el caso, Espitia se defiende y asegura que la Fiscalía ha sido extremadamente diligente.
Llama la atención, no solo en la opinión sino dentro de las propias filas del Ejército es el silencio del comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, quien no ha salido a respaldar al oficial al que le confió el manejo de las tropas del Ejército.
Anuncian sanciones
El ministro de la Defensa, Guillermo Botero, anunció que hoy el Gobierno Nacional estará anunciando una serie de medidas “administrativas y disciplinarias” contra los militares que están implicados en casos de corrupción, y a la vez señaló que no serán ni “indulgentes ni temerarios, pero sí diligentes”.
Así lo dijo el ministro Botero en una declaración en la Casa de Nariño, desde donde además manifestó que “las medidas administrativas que se tomarán, serán oportunas y en la mayor brevedad”.
Botero insistió que la indicación del presidente, Iván Duque, es “cero tolerancia”. Sostuvo además que ofreció a la Fiscalía, Controloría y Procuraduría, toda la colaboración para que se siga adelante con las investigaciones que se requieran.
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