Andrés Felipe Arias, condenado por Agro Ingreso Seguro

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia encontró culpable al exministrio de Agricultura Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), pero su condena solo se dará a conocer dentro de 15 días.

El exfuncionario fue hallado responsable de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, que le pueden significar una pena de entre 8 años y 33 años y 9 meses de prisión.

Aunque ayer en la lectura del fallo, la magistrada ponente, María del Rosario González, señaló que no consideraba necesario librar orden de captura ayer en contra de Arias, en atención a que “no ha rehuido su comparecencia al proceso, no se ha escondido, no ha recurrido a maniobras dilatorias ni ha tenido que ser conducido”.

Así que Arias estaría libre durante los próximos 15 días, luego de los cuales se dará a conocer la pena definitiva de prisión en su contra, que deberá empezar a cumplir en el sitio de reclusión que le asignen. La pena, según dijo la magistrada, será estimada con los elementos de mayor punibilidad; también anunció que le impondrá una multa que oscila entre 200 y 50 mil salarios mínimos legales vigentes.

Arias no acudió a la audiencia ya que, según su abogado defensor, Jorge Aníbal Gómez Gallego, está de vacaciones en el exterior. Indicó que no ha hablado con él, pero que considera que regresará pronto al país.

No obstante versiones extraoficiales conocidas por Colprensa, indican que el exministro Arias habría vendido hace dos semanas su apartamento y habría salido luego del país con su familia, lo que haría pensar que no tiene planes de regresar (ver recuadro ¿Asilo político?).

Irregularidades

Arias fue procesado por presuntas irregularidades relacionadas con convenios celebrados con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) entre el 2007 y el 2009, por valor aproximado de $280 mil millones.

La magistrada apuntó que el exministro Arias tenía conocimiento del fraccionamiento de predios que se podía presentar a fin de que un terreno recibiera más de un subsidio de AIS.

En ese sentido, la Sala estimó que Arias, con su actuación, favoreció a familias de la Costa Caribe y que no hizo nada a pesar de la detallada intervención que hizo en todo el proceso de convocatoria para la asignación de las ayudas.

Además dijo que se asignaron subsidios por valor de $747 mil millones a tres proyectos cuyos titulares renunciaron a ellos cuando estalló el escándalo mediático originado “en la concepción ilícita de los subsidios”.

La Sala Penal estimó que Arias “soslayó la regla general” en materia de contratación al celebrar los convenios con el IICA de manera directa y no mediante licitación y concurso público “sin que mediara razón distinta a su interés de iniciar cuanto antes el programa y ejecutar los recursos obtenidos a través de su gestión”.

De acuerdo con la Sala, Arias no realizó los estudios necesarios para establecer la conveniencia de esa contratación bajo la modalidad de ciencia y tecnología, cuando el desarrollo de las convocatorias de riego y drenaje no tenía ese fin.

A pesar de la condena a Arias, la Sala encontró que Arias no es responsable del delito de peculado por apropiación en favor del IICA, al estimar que no hay material probatorio suficiente para indicar que hubo un segundo pago por parte del Ministerio a esa entidad en los convenios en los rubros de divulgación, administración y operación.

¿Asilo político?

Bogotá. La posibilidad de que el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias solicite asilo político, para evadir la condena que le impondrá la Corte Suprema de Justicia, significaría un nuevo lío diplomático para el Estado colombiano.

Jorge Aníbal Gómez Gallego, abogado de Arias, afirmó que no tiene conocimiento de que su protegido contemple esa opción, pero no descartó esa posibilidad ni la confirmó ni la desmintió.

Analistas consultados por Colprensa consideran que la petición del asilo político es una posibilidad perfectamente aplicable, no solo porque así lo contempla el Derecho Internacional, sino porque existen elementos de juicio que el exministro podría utilizar para buscarlo.

Para el analista y profesor de Derecho Internacional de la Universidad de El Rosario, Enrique Serrano López, el caso de Arias “es una persecución política muy evidente”, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus exfuncionarios.

Se refiere particularmente a María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS asilada en Panamá desde hace tres años, y al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, cuyo paradero se desconoce.

Serrano López considera que a los abogados les quedará “muy fácil” demostrar esa persecución política, pues dice que AIS era un programa oficial del gobierno Uribe y que si hubo errores en su ejecución “Arias estaría expuesto a sanciones administrativas y no a sanciones penales. Eso le permitiría demostrar una persecución política en su contra”.

Otro experto, el también catedrático de derecho internacional de la Universidad de la Sabana Carlos Enrique Arévalo, explica que el exministro Arias “debe demostrar que la solicitud de asilo no es para evadir una sentencia judicial, sino porque en Colombia hay una evidente vulneración de sus derechos”.

Según fuentes de la Cancillería consultadas por Colprensa, la solicitud de asilo político de Arias le traería problemas diplomáticos, porque de ser otorgado “el mensaje que se enviaría a la comunidad internacional es que en Colombia no hay garantías políticas ni a los derechos humanos y políticos, por tanto esto terminaría siendo un tema político”.