ANDIARIOS hace pública preocupación por agresiones contra periodistas en marchas de protesta social

En la carta enviada a los medios de comunicación, ANDIARIOS deja clara su preocupación, pues muchos de esos ataques a periodistas y medios de comunicación ocurrieron por parte de la las autoridades. 

Este fue el comunicado que envió la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (ANDIARIOS). 

En las marchas y manifestaciones de protesta social, realizadas durante este año en Colombia, se han producido diversas agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Una tercera parte de los casi 30 casos de periodistas agredidos, corresponde a ataques realizados por miembros de la fuerza pública.   

La situación es muy grave en varias regiones del país. Es el caso del Bajo Cauca donde las difíciles condiciones para el ejercicio del periodismo, originadas en las amenazas que vienen sufriendo los periodistas desde hace varios años, empeoraron desde el paro minero a raíz de las agresiones de manifestantes y miembros de la fuerza pública contra 10 periodistas que se encontraban cubriendo las diferentes protestas.

Resulta muy preocupante lo ocurrido la noche del 5 de septiembre en Montería, cuando manifestantes atacaron las instalaciones del diario El Meridiano de Córdoba, arrojaron antorchas a las oficinas del periódico, afectaron la infraestructura del diario y pusieron en peligro a sus periodistas y trabajadores.

Estos hechos ocurrieron a pesar de la presencia de 20 agentes de la policía quienes, en lugar de controlar las acciones vandálicas contra el periódico, asumieron una actitud pasiva olvidando su deber constitucional y legal de otorgar una especial protección a la actividad periodística.

La Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos, ANDIARIOS, rechaza las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, y de manera especial cuando ellas se realizan por miembros de la fuerza pública, cuyo deber es proteger la vida y la libertad de todos los ciudadanos y garantizar el ejercicio libre de la prensa.

El Estado tiene la obligación de adelantar con prontitud las investigaciones que permitan identificar y sancionar  a los autores de estos ataques pues, solo así, se evitará que situaciones similares se presenten de nuevo.