EFE | COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) está citado hoy a una indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por un proceso abierto en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos, caso que tiene en vilo al país por el impacto que puede tener en la política nacional.
Uribe, cuya figura divide a los colombianos entre quienes lo idolatran y quienes lo odian, tiene medio centenar de procesos abiertos por diferentes delitos, en su mayoría por supuestos vínculos con paramilitares y complicidad con masacres, pero irá a indagatoria por uno que puede ser considerado el menos grave de todos.
Se trata de una demanda que presentó el propio Uribe contra su antagonista, el senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo, al que acusó de buscar exparamilitares en las cárceles para usarlos como falsos testigos con el fin de que declararan en su contra, específicamente de haber fundado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Cepeda hizo las primeras revelaciones en 2012 y en septiembre del 2014 le hizo un debate a Uribe en el Congreso en el que lo acusó de tener vínculos con paramilitares y con narcotraficantes.
Uribe, líder y senador del partido Centro Democrático, hoy en el Gobierno, denunció a Cepeda, pero la demanda se le convirtió en un bumerán ya que el magistrado José Luis Barceló no solo archivó el caso sino que decidió abrir una investigación al exmandatario por supuesta manipulación de testigos contra el senador de izquierdas.
De esta forma Uribe es el primer expresidente que responde a un proceso penal en la Corte Suprema.
"Nunca pensé que la defensa del honor en mi amor a Colombia, de frente y con respeto a los ciudadanos de acuerdo con la Constitución, me creara estas dificultades judiciales que enfrento con espíritu patriótico y con el estímulo solidario de miles de colombianos por quienes tengo gratitud en el alma", manifestó ayer Uribe.
Las pruebas
Los testigos de uno y otro son en su mayoría exparamilitares presos y condenados quienes han dado distintas declaraciones, de algunas de las cuales se han retractado, en las que afirman haber recibido dinero o promesas de ayuda a cambio de declarar a favor o en contra de Uribe.
Entre ellos está el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve que integró el Bloque Metro, que operaba en Medellín, y quien paga una condena de 40 años en la cárcel La Picota.
Monsalve aseguró a Cepeda que en Guacharacas, una hacienda que fue propiedad de la familia de Uribe en Antioquia, se planearon matanzas que luego cometieron esos escuadrones, lo que ha sido negado por el expresidente.
El preso redactó después una carta en la que se retractaba de lo dicho y la hizo llegar a la Corte Suprema de Justicia, en la que al final anotó que lo hacía "bajo presión".
Como supuesto responsable de la maniobra de retractación aparece el abogado penalista Diego Cadena, conocido por haber defendido a narcotraficantes y señalado de haber visitado cárceles para convencer a exparamilitares presos, entre ellos Monsalve, de que declararan a favor de Uribe.
Las llamadas interceptadas por la justicia son otro componente y motivo de polémica en este caso, pues la Fiscalía tuvo acceso a numerosas conversaciones de Uribe, supuestamente por equivocación cuando investigaban otro caso, de un excongresista.
Los abogados del expresidente aseguran que se trató de una maniobra ilegal porque los agentes investigadores afirman que solo se dieron cuenta de que la persona interceptada era Uribe después de un mes escuchando las conversaciones y de allí extrajeron información para el proceso contra el exmandatario.
Con todos esos ingredientes en su poder, el 19 de agosto la Corte Suprema citó a indagatoria a Uribe y al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, también del Centro Democrático, acusado igualmente de participar en el presunto soborno y fraude procesal.
Los dos tendrán que comparecer ante el magistrado César Reyes Medina, quien en mayo asumió el caso iniciado por su colega Barceló, que se retiró de la Corte Suprema dos meses antes al cumplir su periodo.
La comparecencia de Uribe ante la Corte Suprema ha movilizado a miles de sus seguidores, que el domingo salieron a manifestarse en su apoyo en Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, y prometen volver a las calles hoy en Bogotá, donde también se esperan concentraciones en su contra.
La decisión que tome la Corte, que incluso podría ordenar la detención preventiva de Uribe, tiene a los colombianos más divididos que nunca y podría alterar el balance político del país a escasos 20 días de las elecciones para alcaldes y gobernadores.
Lo que sigue
Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general y exmministro, explicó que lo ideal sería que al término de la diligencia de hoy y en un estimado de 10 días hábiles, la Corte determine la situación jurídica del senador.
En caso que el tribunal cumpla con los tiempos establecidos por la ley, se podría decir que a finales de octubre se estaría conociendo si se libra orden de captura en contra de Álvaro Uribe.
El exfiscal explicó que hay tres situaciones por las que el magistrado de la Corte determinaría imponer una medida de aseguramiento. "Si se debe evitar que se fugue, si se debe evitar que entorpezca la investigación o si pone en peligro a las víctimas. En este caso, lo más preciso es que haya una medida de aseguramiento dado que el caso que se investiga es muy diciente”, indicó.
Gómez argumentó que si bien existen tales requerimientos para que se surta la medida de aseguramiento, la decisión del magistrado debe estar soportada en una prueba testimonial o documental que fue recolectada a lo largo del proceso.
En dado caso que el magistrado Reyes determine que Uribe no representa un peligro para las víctimas y que por el contrario comparecerá ante la justicia, podría dejarlo en libertad, sin embargo, vinculado al proceso.
Después de ello se determinará si es llamado a juicio.
Juan Guillermo Monsalve, paramilitar condenado.
Álvaro Uribe, senador del Centro Democrático.
Iván Cepeda, senador del Polo Democrático.
Diego Cadena, abogado de Uribe.
Enrique Pardo Hasche, condenado por el secuestro del suegro de Andrés Pastrana.
Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, paramilitar del bloque Cacique Pipintá.
Euridice Cortes, alias Diana
Fauner José Barahona, alias Racumin
Darley Guzmán, alias Jopra
John Jaime Cárdenas, alias Fosforito.
Eduardo Montealegre, exfiscal general.
Jorge Perdomo, exvicefiscal.
Juan Carlos, el Tuso Sierra, exparamilitar y narcotraficante.
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