Alto funcionario del gobierno Uribe habría aceptado soborno de Odebrecht

El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, señaló que “un alto funcionario” del gobierno del expresidente Álvaro Uribe fue quien recibió el soborno de 6.5 millones de dólares de parte de la firma brasileña Odebrecht. 

La declaración la hizo desde la Casa de Nariño, en donde además descalificó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien sostuvo que el presidente Juan Manuel Santos tuvo a puerta cerrada en Panamá, una reunión con el dueño de la cuestionada firma de construcción, Marcelo Odebrecht. 

Frente a la denuncia, Enciso manifestó: “Con relación a los sobornos de Odebrecht en Colombia, el Gobierno Nacional ha conocido que la persona que recibió 6.5 millones de USD en desarrollo de una conducta criminal que merece todo el repudio de la sociedad colombiana es un alto funcionario de la administración del gobierno Uribe”. 

Enciso sostuvo: “el día de ayer, con ocasión de la información publicada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del comunicado de prensa publicado por la Casa de Nariño, el Senador Álvaro Uribe hizo una serie de declaraciones, una de las cuales cuestionó de manera tendenciosa una reunión sostenida por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, con el Presidente de Odebrecht, en Panamá”. 

Explicó que esa reunión fue en abril del 2015 en el marco de la Cumbre de las Américas, en desarrollo de una serie de encuentros con empresarios, las cuales incluyeron al Presidente de Coca-Cola y otros. “En esa reunión participaron la Canciller, la Ministra de Comercio, la directora de Procolombia, el Secretario Privado del Presidente y otros funcionarios. En ese momento no existía ninguna sospecha de que Marcello Odebrecht o su compañía hubiesen participado en actos de corrupción en Colombia u otros países”. 

Precisó que desde mediados del 2015, tan pronto estalló el escándalo de Odebrecht en Brasil, el Gobierno Nacional “ha dado pasos firmes para avanzar en acciones de cooperación armónica con las autoridades de ese y otros países, con el fin de lograr el esclarecimiento y judicialización de los actos de corrupción de esa empresa en Colombia”. 

El secretario agregó: “pedimos a los entes de control y a la Fiscalía General actuar con el mayor rigor, celeridad y determinación en las investigaciones relacionadas con los proyectos de Reficar y Bioenergy y, especialmente, en la identificación del origen de los problemas, presuntos fraudes y sobrecostos de los mismos. “El país puede tener la seguridad de que no dudaremos en usar con la mayor severidad la Ley Antisoborno, impulsada y sancionada por este Gobierno para poner punto final a los abusos de empresarios, contratistas y funcionarios corruptos”, aseveró.