Alcaldes deben incluir variable ambiental en POT

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Procuraduría General de la Nación, a través de la delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, les hizo un llamado a todos los alcaldes del país para que incluyan las nuevas normas ambientales en la formulación de sus Planes de Ordenamiento Territorial, (POT).

“En la elaboración y adopción de los planes y esquemas de ordenamiento territorial, los municipios y distritos deberán tener en cuenta, como determinantes de superior jerarquía, las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales”, indicó el procurador delegado Oscar Darío Amaya.

Según el funcionario, la sugerencia surge a raíz de la información suministrada por el Ministerio de Vivienda, según la cual más de 300 municipios del país están en proceso de actualización de sus POT.

Pedagogía

El Ministerio Público diseñó un informe en el que les explica a todos los mandatarios regionales cómo incorporar en la formulación de los citado planes, temas como cambios climáticos, amenazas de riesgo y aéreas protegidas. En total, según Amaya, fueron 13 recomendaciones las que quedaron consignadas en el documento.

Dicho informe también fue remitido a los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, y del Interior, Fernando Carrillo, lo mismo que a los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales, en el que se les recuerda que en la Circular 023 de 13 de abril de 2010 expedida por el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, se plantearon 14 aspectos a ser tenidos en cuenta para la elaboración, revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial.

Entre otros aspectos se incluyen el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la conservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales.

Asimismo, se advierte sobre la prevención de amenazas y de riesgos naturales, el establecimiento de áreas protegidas, el manejo de las cuencas hidrográficas, y la garantía del derecho constitucional a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios.

El dato

El procurador Amaya advirtió que a mediados de julio del próximo año realizará un estudio en el que verificará si los alcaldes adoptaron o no las medidas sugeridas, en caso de que se hayan pasado por alto, “los alcaldes se enfrentarán a sanciones disciplinarias”.