EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Contraloría pidió ayer a la Agencia Nacional de Tierras investigar posibles irregularidades en la adjudicación o venta de baldíos a particulares, entre los cuales hay propiedades del expresidente Álvaro Uribe y de familiares del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.
Las propiedades en cuestión suman 123.482 hectáreas y están a nombre de varios particulares, entre personas naturales y sociedades, en diferentes partes del país.
La decisión se basa en informes de la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario realizadas entre 2013 y 2015 sobre 322 predios ubicados en Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia, dice la Contraloría en un comunicado.
Los resultados fueron trasladados a la Fiscalía y Procuraduría, para que, si hay lugar, determinen las responsabilidades penales y disciplinarias que puedan tener funcionarios y particulares involucrados, añadió la información.
Entre las operaciones cuestionadas está la de 11 predios en Córdoba cuya extensión suma 133 hectáreas, que hacen parte de la sociedad El Ubérrimo, del expresidente Uribe, así como tres en el Vichada de familiares del ministro Iragorri que suman 3.816 hectáreas.
También aparecen la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, entre los principales conglomerados del país, con 21 predios en el Meta cuya extensión sumada es de 22.834 hectáreas.
Reacciones
"Las compras son legales y no constituyen acumulación ilegal por cuanto el Estado adjudicó estos predios antes de la ley 160 de 1994", respondió Uribe en un comunicado.
El expresidente y senador del partido Centro Democrático aseguró que su familia tiene una explotación agropecuaria "de aproximadamente 1.500 hectáreas" y la Contraloría lo acusa "de acumulación ilegal de 103 hectáreas que no conforman un predio físico".
Según Uribe esos predios fueron baldíos "adjudicados por el Estado antes de 1994 a particulares" ajenos a su familia o a él.
El ministro Iragorri dijo en un comunicado que los baldíos a los que se refiere la Contraloría no son de su propiedad.
"No tengo ni un solo centímetro de tierra en Vichada ni en ningún otro lugar de la altillanura colombiana", agregó.
Para Iragorri, es "inadecuado" que la Contraloría haga referencia a "familiares" suyos, "generando un vínculo hacia la opinión pública con mi persona, aunque el órgano de control no me hace ninguna imputación personal".
La Contraloría asegura que hay una violación en los topes establecidos por la ley como son las 450 hectáreas de la Ley 135 de 1961 o de la Unidad Agrícola Familiar.
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