Acuerdos de paz, la gran puja de Duque con la oposición

Kendry Serrano

COLPRENSA | BOGOTÁ

Faltando pocos días para que Iván Duque se posesione como presidente de la República, aún es incierto qué va a pasar con los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc. Desde su campaña, el mandatario electo aseguró que a su llegada a la Casa de Nariño tendría como objetivo hacer modificaciones a dicho documento y así lo ha ratificado en múltiples ocasiones tras su elección.

De hecho, este miércoles Duque visitó la Comisión de la Verdad y allí socializó con el padre Francisco de Roux, presidente de ese órgano, sus propuestas para mejorar los acuerdos de paz y lograr un gran pacto nacional de unidad.

“Pudimos expresar nuestras observaciones y propuestas para poder mejorar aquellas cosas que consideramos necesarias para mejorar los acuerdos de La Habana y darle al pueblo colombiano la posibilidad de un gran pacto nacional que nos permita unirnos en defensa de la legalidad, estabilización y reconciliación de nuestro país”, dijo el presidente electo al término del encuentro.

Sin embargo, este no ha sido el único movimiento de Duque frente al tema de los acuerdos tras ser elegido presidente. En la etapa final de la legislatura que acaba de terminar, haciendo uso de las mayorías en el Congreso de la República, logró introducir dos artículos modificatorios a la ley de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la cual fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, el pasado miércoles.

Por ahora se espera que el Gobierno Nacional interponga un recurso para que la Corte Constitucional revise la validez de los artículos introducidos en la ley de procedimiento de la JEP por parte del Congreso. “Esta ley tuvo mucha discusión y se incluyeron unos artículos con los que estamos en desacuerdo, pero ya será la Corte Constitucional quien decidirá la suerte de esos artículos”, dijo el presidente Santos al sancionar la norma.

Reformas

Entre las reformas que ha anunciado Duque al acuerdo de paz, ha considerado como prioritario hacer que los exmiembros de las Farc cumplan sus condenas antes de estar en el Congreso y quitar la prioridad a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos para luchar contra el narcotráfico.

Para Jesús Emilio Carvajalino, también conocido como Andrés París, miembro del partido político de las Farc, el momento que atraviesa el proceso de paz es muy complejo, porque ya está confirmada que hay una política obstruccionista para que haya incumplimiento en los acuerdos del Estado. “Dicha política obstruccionista se está presentando por la vía de modificación en el Congreso”, resaltó.

Según Carvajalino, se ha “desnaturalizado el acuerdo de La Habana, lo que hoy llaman acuerdo o JEP, no fue lo que se firmó y eso ha generado tropiezos de todo orden (...) Mientras que eso ocurre, por los compromisos del Estado, la insurgencia se encuentra en pleno desarrollo y cumplimiento de lo firmado. Ya no somos guerrilla, no tenemos armas, estamos en ejercicio político, participamos en las elecciones”.

Diana Avellaneda, profesora de la Universidad Javeriana y experta en conflictos, manifiesta que no es novedoso lo que está sucediendo, porque “desde la campaña tanto el Centro Democrático como Iván Duque fueron muy claros (...) Manifestaron que no estaban de acuerdo con lo que se pactó. El acuerdo pasa por una situación de quiebre en el sentido de que o se fortalece o se cae".

No obstante, Carlos Velandia, gestor de paz, asegura que el país debe darle tiempo al Gobierno de Duque para saber realmente qué va a pasar con el acuerdo de paz. “Yo creo que debemos abrir un compás de espera de 100 días al nuevo Gobierno para ver cómo son sus apuestas e iniciativas, pero sinceramente no creo que lo vayan a tirar por la borda”.

Por su parte, Jorge Kenneth Burbano, experto en paz de la Universidad Libre, afirma que el acuerdo final de paz con las Farc es inmodificable.

“Las Farc como organización guerrillera dejó de existir y por tanto lo pactado se debe respetar. Además, el acuerdo y el proceso de implementación han sido avalados por la Corte Constitucional. Por tanto, no se pueden hacer unos ajustes a ciertas normas de implementación sin desconocer los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017, que hoy son normas constitucionales. Las modificaciones deben significar progresividad en los derechos humanos y no lo contrario”.

Burbano agrega que cuando se hacen propuestas que alteran los componentes esenciales del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, se atenta contra el proceso de paz y se debilita el sistema de justicia transicional de naturaleza restaurativa. “Crear una sala para los militares dentro de la JEP es contrario a la Constitución, el argumento de la carga ideológica es insostenible, cuando hay más de dos mil militares que han pedido acogerse a la JEP”.

Panorama

Sin embargo, desde el viernes, las Farc podrán hacer oposición en el Congreso de la República y defender desde la política los acuerdos de paz de La Habana. Así lo ratificó el Consejo Nacional Electoral este jueves, cuando declaró las elecciones tanto de Senado como en Cámara.

“El panorama es preocupante, pero vamos a participar con otras fuerzas políticas en el Congreso, que no están con Duque, para hacer un pacto. La participación va a ser bastante intensa, sonada”, comenta Andrés París.

En este sentido, Velandia añade, al igual que Burbano, que el proceso de paz tiene una salvaguarda constitucional y que cualquier cambio que pretenda hacer el nuevo gobierno se deberá hacer por la vía institucional.

“Si allí el Congreso logra las mayorías para hacer modificaciones, ese es el Congreso que tenemos, aunque se las va a tener que ver con el otro bloque. De eso se trata la democracia y por eso creo que hay que bajarle el tono a la polarización”.

Además, Velandia asegura que el proceso de paz no está en peligro, sino que va a ser actualizado y adaptado a la nueva circunstancia política del país que empieza a ejercer el próximo 7 de agosto. “No podemos ignorar esta realidad política”.

Sin embargo, Burbano agrega que los intentos de reforma generan inseguridad jurídica y perjudican especialmente a las víctimas del conflicto armado.

¿Qué pasa con las disidencias?

Para la experta en conflictos Diana Avellaneda, la discusión debe estar enfocada en el peligro que representaría para el país modificar sustancialmente los acuerdos de paz con las Farc.

“Lo peligroso en este caso es que la guerrilla ha demostrado una posición mucho más seria y comprometida con el acuerdo. Incumplirles a ellos y no darles garantías para su reincorporación lo que hace es ponerlos en un posible escenario de rearme, de nuevas violencias y pone presente las dificultades que podrían tener grupos como el Eln”.

Otra opinión tiene Román Ortiz, experto en seguridad, quien cree que el crecimiento de las disidencias no tiene que ver con los posibles cambios que se introduzcan al acuerdo de paz firmado con las Farc.

“El verdadero factor que ha inducido a una parte de los antiguos militantes de la organización guerrillera a tomar las armas es fundamentalmente el narcotráfico, porque para los sectores más criminalizados de las Farc ha generado un incentivo”, resalta Ortiz.

Por eso, Ortiz considera que el cambio de gobierno no es el factor real que empuja a algunos de los miembros de la guerrilla a permanecer en la violencia, el factor clave es el crecimiento del narcotráfico y las expectativas de enriquecimiento que genera.

Por su parte, Enrique Serrano, analista político de la Universidad del Rosario, sí cree que “el vacío de acción política que ha dejado el Gobierno Santos” les permitió no solo rearmarse sino estar en zonas muy estratégicas.

“Va a ser muy difícil para el Gobierno Duque ese pulso que va a haber en los próximos meses con las disidencias y todas las bandas narcotraficantes, con un Ejército que tiene que recomponerse después de estar años fuera de la acción militar efectiva”, asegura Serrano.

El analista agrega que las disidencias no representan una amenaza real, pero unidas a las bandas narcotraficantes sí es un problema inquietante. “Sobre todo para la recuperación de la institucionalidad y para el riesgo económico, político y social que representa la violencia”, concluye.