Colprensa | LA PATRIA | Bogotá
Con acciones de tutela, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, intentará proteger el derecho a la educación de 538 mil niños de 4 departamentos y 12 municipios del país. En estas zonas, las autoridades locales no han contratado los operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
"De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, al 9 de abril aún no se iniciaba la operación del programa en Quindío, Tolima y Sucre, y tampoco en Armenia, Cartagena, Lorica, Sahagún, Sincelejo, Pitalito, Santa Marta, Montería, Villavicencio, Girardot y Yopal", expresó el Procurador.
En Casanare ocurre un situación similar, el PAE funcionó hasta marzo con recursos de la administración anterior y hasta el momento no se ha concretado un nuevo proceso licitatorio para proveer de alimentación a estudiantes para el 2018.
El caso en Cartagena es crónico
El Ministerio Público encontró que la capital de Bolívar, en lo corrido del año escolar, que se inició el pasado 29 de enero, 89 mil 718 niños no han recibido alimentación escolar, siendo más preocupante porque al menos 12 mil 280 de ellos estudian en jornada única.
"Esto significa que los niños permanecen un mayor número de horas en las aulas, sin que se les garanticen condiciones alimentarias para su desempeño durante la jornada escolar", aseguró Carrillo.
En el caso de Montería -dijo- el pasado 5 de abril fue declarado desierto el proceso de licitación para la contratación del operador PAE para atender 30 mil 112 alumnos, lo que implica que los menores estarán un tiempo indeterminado sin alimentación escolar, puesto que el solo hecho de abrir un nuevo proceso licitatorio tardaría, al menos, 20 días hábiles.
Ante el reiterado incumplimiento de 14 de estas entidades territoriales en la puesta en marcha del PAE, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia dará traslado para la eventual apertura de un proceso disciplinario.
Juicios e imputaciones
Por irregularidades en la ejecución del PAE (2016), el Ministerio Público formuló pliego de cargos contra el actual gobernador de Sucre, Édgar Enrique Martínez Romero, y su secretario de Educación, Álvaro Manuel Hoyos Romero.
La Procuraduría citó a juicio disciplinario a los funcionarios de la gobernación de Putumayo, Jorge Enrique Ferrín Dorado, secretario de Educación; José Luis Moreno Lozano, jefe de la Oficina de Contratación, y Óscar Darío Mayama Quetama, secretario de Servicios Administrativo y gobernador encargado para la época de los hechos.
Entre los cargos por los que deberán responder figura que el contrato 023 de 2017 habría sido adjudicado a dedo a un proponente que no cumplía con la capacidad para desarrollar el convenio.
Igualmente, se formularon cargos al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis; al secretario de Educación, Milton Humberto Delgado, y al jefe de la Oficina Asesora de la gobernación, Andrés Antonio Caicedo Arana.
También se formularon cargos al entonces alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, y a su secretario de Educación y Cultura, Fredy Alexánder Montoya Estepa, a quienes se les reprocha haber entregado de manera directa a la Fundación Somos Manos Unidas el convenio de asociación 010 de 2016, por valor de $3.000 millones de pesos, sin convocar a una licitación pública como lo exige la ley.
Preliminares
El pasado 7 de marzo del 2018 se abrió una indagación preliminar que vincula a las administraciones de 39 municipios de 11 departamentos del país, por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.
Y se ordenó la apertura de 15 indagaciones preliminares contra las administraciones de Atlántico, Risaralda, Pereira, Amazonas (2), Quindío y Armenia (2), Cúcuta, Cauca y Popayán (3), Casanare (2), Tolima y Florencia.
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