EFE | LA PATRIA | Bogotá
Colombia tiene 290 municipios en los que hay un grado de riesgo "extremo y alto" de vulneración de sus derechos de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, alertó ayer la Defensoría del Pueblo, que los atribuyó a enfrentamientos y acciones armadas de la guerrilla del Eln y del Clan del Golfo.
Durante una visita al Chocó, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, dijo que de los 521 municipios a los que les hace monitoreo permanente, 290 tienen "riesgo extremo y alto" de vulneración a los derechos de la población, 16 más que los registrados en febrero de este año.
Al desglosar el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 004 dijo que se constató que entre febrero y mayo se pasó de 79 a 84 municipios en riesgo extremo y de 195 a 206 municipios con riesgo alto de vulneraciones a los derechos de los ciudadanos.
Los que están en riesgo
Camargo expresó su preocupación porque a pesar de los esfuerzos del Estado para atender las recomendaciones hechas en febrero, las acciones violentas del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y del Clan de Golfo hicieron que "se aumentara el número de municipios con riesgo extremo y alto".
Esas acciones se incrementaron principalmente en los departamentos del Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia y Chocó, en los que mayor presencia tiene el Eln y el Clan del Golfo, cuyo máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel fue extraditado a Estados Unidos este mes.
El Clan del Golfo ordenó un "paro armado" a principios de este mes en represalia por la extradición a Estados Unidos de Otoniel, que paralizó un centenar de municipios del país, sobre todo de la costa Caribe y el norte de la pacífica.
Según la Defensoría, los departamentos que tienen el mayor número de municipios con "riesgo extremo" son Cauca (16), Nariño (14), Chocó (9), Norte de Santander (8) y Antioquia (7).
Les siguen Bolívar (6), Caquetá (6), Arauca (4), Tolima (4), Putumayo (3), Valle del Cauca (3), Huila (2), Meta (1) y Magdalena (1).
Implementar acciones
La Defensoría recomendó implementar “acciones extraordinarias” para la protección de las comunidades por parte de las instituciones del orden municipal, departamental y nacional.
Asimismo solicitó adoptar "estrategias contundentes de inteligencia" para garantizar las condiciones de seguridad para la participación en las elecciones.
"El Estado debe implementar más mecanismos de investigación y verificación por las denuncias relacionadas con delitos electorales y amenazas contra candidatos o sus campañas. También debe brindar la protección para que las personas puedan votar en zonas rurales y sobre todo garantizar la libre participación", dijo Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
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