EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, confirmó ayer que 25 narcotraficantes trataron de colarse en los listados de integrantes de las Farc, con la intención de obtener los beneficios jurídicos por acogerse al proceso de paz con el Gobierno.
Naranjo hizo énfasis en que fue un intento, y señaló que el Gobierno logró impedir que narcotraficantes entraran en las listas y fueran acreditados como guerrilleros.
“No vamos a permitir que se use el proceso y la jurisdicción especial de la paz para abrirle espacio a delincuentes”, agregó el funcionario, en alusión a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que forma parte del acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc e incluye tratamientos especiales para excombatientes, soldados y policías.
La JEP será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Penal Internacional (DPI).
Las sanciones contempladas en esta jurisdicción son de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad.
Las penas alternativas, de cinco a ocho años de prisión, serán para quienes acepten responsabilidad antes de que se emita sentencia en su contra
Y, por último, las sanciones ordinarias, de 15 a 20 años de prisión, las recibirán quienes no admitan responsabilidad y sean condenados por el Tribunal para la Paz
El domingo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz aclaró que los narcotraficantes denunciados por los medios de comunicación “jamás recibieron acreditación” como miembros de las Farc.
Además, destacó que en julio del año pasado se creó el Comité Técnico Interinstitucional para la Verificación de Listados, del cual hacen parte los organismos de inteligencia del Estado, la Fiscalía y algunas entidades con información sobre las Farc.
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