2.373 violaciones a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas

COLPRENSA|LA PATRIA

Tras la reciente crisis que enfrentan indígenas en el norte del Cauca, la Cumbre Agraria campesina, étnica y popular denunció que en lo corrido del año se han presentado 2.373 violaciones a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas a lo largo de todo el país. 

De acuerdo con representantes de organizaciones sociales de este movimiento, miembros del Esmad, Policía Nacional y Ejército Colombiano han atacado con bombardeos, ametrallamientos, fumigaciones y falsos positivos en los departamentos del Tolima, Caquetá, Putumayo, Arauca, Meta, Casanare y Bolívar. 

Asimismo, según el informe, se han presentado 110 acciones bélicas, 16 amenazas colectivas, 35 individuales, dos atentados individuales y otros dos colectivos, 1.500 casos de confinamiento, 671 de desplazamiento forzado y 15 asesinatos selectivos, entre otras afectaciones sociales, económicas y políticas en los municipios de Corinto, Suárez, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Toribío en el Cauca, Acarí, en la región del Catatumbo, Puerto Asís y Sur de Bolívar dando tratamiento a las comunidades de actores armados. 

Ante estos hechos, minutos antes de que la Cumbre entregara su informe, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que aseguran que hubo avances en la construcción de una agenda de desarrollo regional y que se instaló una Subcomisión de Derechos para brindar garantías a la tarea de liderazgo social que cumplen los integrantes de la cumbre en el país. 

Este hecho fue desmentido por Luis Fernando Arias Arias, actual Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), quien aseguró que el jefe de esa cartera, Juan Fernando Cristo, asistió pocos minutos a una reunión pactada por lo que no se instaló la subcomisión, ni se le presentó al gobierno el informe de las violaciones a los derechos humanos. 

“Lo primero que queremos plantear es que rechazamos ese comunicado del Gobierno que falta a la verdad de lo que en realidad ocurrió hoy en la sede del ministerio”, señaló el vocero quien reiteró al Gobierno su petición de instalar esta subcomisión contemplada en el decreto 870 de 2014. 

Asimismo, la líder de la Unión Patriótica, Aída Avella, advirtió que el Gobierno Nacional debe responder por la presencia de grupos paramilitares en varias zonas del país, en donde se habrían presentado atentados contra líderes de izquierda y de organizaciones sociales. 

“Hay una reparamilitarización en La Guajira, en Bolívar, tenemos situaciones complejas en el Meta, en Cauca, Casanare, donde están recogiendo plata en las carreteras, esta es una situación que se ve todos los días, especialmente cuando están a punto de salir de las cárceles jefes paramilitares”, denunció la dirigente. 

En nombre de estos sectores sociales Avella aseguró que hay un plan sistematizado por parte de las propias instituciones para exterminar a líderes, defensores y militantes de izquierda. Precisamente, por estos mismos hechos aseguró que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, es el “ministro de la guerra”, y que desde su cartera no se responde a las necesidades de las comunidades. 

“Nos sentimos como en los años 80 y 90, pues no son solo amenaza sino crímenes”, concluyó Avella quien además señaló que podrían ser acciones en contra del proceso de paz que adelantan el gobierno y las Farc en La Habana, Cuba. 

Finalmente pidieron al Gobierno que devuelva las medidas de protección a algunos defensores y líderes sociales, a los que aseguran, se les modificó el esquema que brinda la Unidad Nacional de Protección y han sido víctimas de amenazas y asesinatos.