EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Fiscalía imputará a 17 civiles que dispararon contra manifestantes durante las violentas protestas de Cali en mayo pasado, por usurpación de funciones públicas, violación de los derechos de reunión, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, tortura, detención arbitraria, amenazas, entre otros delitos.
En mayo hubo un ataque en Cali contra la minga indígena que fue atribuido a civiles armados que dispararon "en presencia y con aquiescencia y tolerancia de agentes de la Policía Nacional" y lesionaron a la defensora de derechos humanos Daniela Soto y otras 10 personas, según denunció entonces Amnistía Internacional (AI).
Los civiles identificados son Rafael Andrés Escobar González, Andrés Felipe Chicaiza González, Juan Antonio Córdoba García, Francisco Córdoba García, Diego León Quiroz Arroyave, Jhon Madrid Quiñónez, Andrés Felipe Quintero, Germán Alejandro Ospina, Alexis Mosquera, José Fernando León, Mauricio Gómez, Aurelio Guevara, Cristian Ulises Chilito, Jhony Andrés Cuspian, Eder Javier Sinuco, José Ricardo Guzmán, Ariel Augusto Nosa
Según Rafael Andrés Escobar, uno de los 17 señalados luego de que fueran publicadas fotos y videos suyos disparando contra civiles, ese día no portaba un arma de fuego sino traumática y agregó que no pretendía hacerle daño a nadie.
La formulación de imputación de cargos quedó programada para la 1:00 de la tarde del 24 de enero del 2022.
Cali, de las ciudades más impactadas por la violencia, el desempleo juvenil y los efectos económicos de la covid-19, fue donde más homicidios se registraron durante las protestas, que dejaron en el país 79 muertes según organizaciones sociales que atribuyen 44 al accionar de la fuerza pública, mientras que la Fiscalía solo documentó 20.
Imputación a oficiales de la Policía
La Fiscalía presentó ante un juez de garantías a dos oficiales y un patrullero de la Policía que, al parecer, están involucrados en homicidios y lesiones personales
El coronel Édgar Vega, que era comandante operativo de la Policía de Cali, es acusado de desatender "su posición de garante" y de no actuar "para evitar el fatal desenlace de cinco personas y las graves lesiones ocasionadas a otras cinco", según la Fiscalía.
También es acusado el teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzalías, como comandante del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), al estar a cargo de un grupo de policías que "supuestamente disparó indiscriminadamente contra manifestantes y ciudadanos ajenos a las concentraciones sociales, en dos eventos diferentes".
Por esta razón fue imputado por los delitos de homicidio agravado y lesiones personales
El otro acusado es el patrullero Wilson Orlando Esparragoza, quien al parecer es "el responsable de disparar el proyectil que le ocasionó la muerte a un joven que participaba en las movilizaciones" en una protesta el 28 de abril.
El uniformado será procesado por el delito de homicidio agravado.
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