1.119 contratos de la Contraloría dejan dudas sobre gasto interno

Clara Isabel Vélez

COLPRENSA | LA PATRIA | Medellín

¿Y a los organismos de control, quién los controla? Esa fue una de las preguntas que surgió en las redes sociales luego de que el abogado Ramiro Bejarano denunciara las presuntas irregularidades en contratación en las que habría incurrido la contralora general de la República, Sandra Morelli.

Bejarano cuestionó que el organismo encargado de velar por el cuidado del dinero público pague 60.000 millones de pesos por dos años de alquiler del edificio en el que funciona y haya firmado 1.119 contratos por prestación de servicios en los dos últimos años, los cuales costaron 568.838 millones de pesos.

Además, insistió en que Morelli y algunos funcionarios de la Contraloría estarían tramando algo en su contra y le advirtió que "ella no es intocable".

Estas afirmaciones fueron controvertidas por Morelli, quien se mostró dispuesta a responder ante el Auditor General de la República. Además, justificó el pago del cuantioso alquiler del edificio (en el que funcionaban tenía fallas estructurales) porque de lo contrario, el personal quedaría atomizado.

Frente a los contratos, en especial los de los abogados (entre ellos Jorge Arturo Moncada, sobrino de Horacio Serpa y yerno del procurador Alejandro Ordóñez ), señaló que se hicieron para atender procesos que los funcionarios de planta no podían resolver.

¿Por qué se contrató?

Hernán Alejandro Olano, posdoctor en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de la Sabana, explicó que el decreto 268 de 2000 establece una carrera administrativa en la Contraloría, pero "a estas alturas debe estar muy viejo y ha sido la puerta para contratar asistentes por prestación de servicios que es, aparentemente, lo que ha venido sucediendo".

Para Carlos Saavedra, presidente nacional de Ascontrol (Asociación Sindical de Trabajadores de la Contraloría de la República), las afirmaciones de Bejarano se quedan cortas porque, a su juicio, se han presentado excesos en la contratación de personal. Sin embargo, afirma que esto también pasó con el contralor Julio César Turbay.

La diferencia, explicó, radica en que mientras en la época de Turbay se contrataron personas que les ayudaron con las labores diarias de la Contraloría, en la actualidad se están firmando contratos con personal que poco ayuda en las labores diarias.

"Lo que se requiere es que la Contralora le dé cumplimiento a la sentencia 614 de la Corte Constitucional, que obliga a que en lugar de hacer contratos se amplíe la planta de personal", indicó Saavedra.