COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
El caso Odebrecht acapara hoy de nuevo la atención del país por la decisión que, se espera, puede ser trascendental en el escándalo de corrupción que sacudió a América Latina y que en Colombia salpicó a empresas, emporios económicos, políticos y mandatarios regionales. José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, escuchará al juez 14 de conocimiento que decidirá si es culpable de los delitos que le endilgó la Fiscalía.
La decisión se tomó rápido. En los pasillos del Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá, el juez 14 es conocido por su práctica forma de trabajo, ya que mientras escucha a los testigos toma las notas que le ayudan a perfilar su decisión. Mientras otros funcionarios se toman semanas para su veredicto, este funcionario procura proferir fallo de manera rápida. De hecho, los alegatos finales se realizaron los pasados 21 y 22 de marzo.
Para la Fiscalía, Melo Acosta tuvo conocimiento del pago de 6.5 millones de dólares en sobornos que se giraron para la adjudicación del segundo tramo de la Ruta del Sol. Por ello le imputaron cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, hechos que habrían sucedido en mayo del 2009, es decir un año después de que Melo asumió las riendas de la empresa del Grupo Aval.
Los testigos
A Melo lo vincularon al proceso en 2017. En agosto de ese año el juez segundo de garantías ordenó su reclusión en La Picota, pero en enero del 2018 el juzgado 65 revocó la decisión y el exempleado de Corficolombiana asumió su defensa en libertad. Ese año transcurrió sin mayores novedades y solo hasta enero se inició la etapa final de su juicio.
Los primeros en declarar fueron tres protagonistas en este entramado y conocidos como los Luizes: Luiz Antonio Mámeri, exdirector de Odebrecht para América Latina y Angola; Luiz Eduardo Da Rocha, del departamento de Operaciones Estructuradas; y Luiz Antonio Bueno Júnior, presidente para Colombia de la firma.
Vía videoconferencia, y bajo la gravedad de juramento, Bueno Júnior habló de las reuniones que sostuvo con el entonces viceministro de Transporte del Gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, en un apartamento del norte de Bogotá y luego de los encuentros que sostuvo con Melo Acosta en la sede de Corficolombiana. De uno de ellos, reveló que se dio parte de los acuerdos a uno de los directivos del Grupo Aval.
“En cuanto aguardaba al doctor José Elías Melo tuve una conversa rápida con Gustavo Ramírez (vicepresidente de Corficolombiana) y le comenté lo que había pasado en la noche anterior y al final de la conversa le mencioné del acuerdo con Gabriel Ignacio y él dijo que le iba a dar conocimiento a Luis Carlos Sarmiento Jr.”, precisó Bueno.
La Fiscalía le contrapreguntó que por qué en la denuncia no mencionó el episodio con Ramírez, a lo que el testigo insistió que se trató de una conversa rápida.
Las reuniones a las que hizo referencia ante el estrado tenían como fin coordinar el pago de la millonaria suma antes mencionada la cual se hizo, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, a través de contratos ficticios con una firma española llamada DCS Managment, cuyo representante era Juan Lago Novás, y se usó el sistema bancario de Andorra para tramitarlos.
En esa tanda de declaraciones, se conoció que el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht fue la dependencia de la firma brasileña que se creó para hacer una serie de pagos no contabilizados y que tenían como destino, no solo beneficiarios colombianos, sino de otros países. Así lo confirmó el propio Da Rocha quien añadió en ese entonces que su papel fue el de tramitar el pago que se le hizo García Morales y que cuando lo hizo sabía que se trataba de una coima.
Ante el estrado también habló el propio García Morales, condenado por este escándalo, quien reconoció que tras reuniones con Luiz Antonio Bueno, en la que el extranjero contó el interés de la firma en ciertos proyectos de infraestructura nacionales, “empezó su degeneramiento moral”.
En su relato, el exviceministro mencionó que nunca se habló de la palabra “soborno” como tal, sino que para no mencionarla se mencionaba como “créditos no reembolsables”. La primera vez que tocaron el tema, a García le propusieron dos millones de dólares, pero asegura que en ese momento dijo que no.
En el proceso también citaron a los hermanos Ghisays, Eduardo y Enrique Manzur. Este último prestó su nombre para que en la banca privada de Andorra se creara una cuenta en la que depositaron los dineros con los que se pagó la coima. Quien involucró a Ghisays fue García Morales con quien tenía una relación de amistad y de negocios de años.
Así se hizo el pago
Los pagos se hicieron fraccionados conforme lo dijeron los exdirectivos brasileños, pero manifestaron que no recordaban, de manera puntual, cómo se giraron. Quien sí lo tenía claro era Ghisays quien dijo que el dinero se entregó entre marzo y septiembre del 2010.
“El 2 de marzo consignaron dos millones de dólares y el 8 de ese mismo mes, U$ 500.000. A finales de abril, pagaron 2.5 millones de dólares y entre julio 6 y julio 17 entregaron U$ 1.370 millones”, relató Ghisays como si hubiera sido ayer que por sus manos pasó esa millonaria suma.
Los 130.000 restantes se entregaron el 10 de septiembre. Por el "favor" de prestar su nombre para que se concretara la transacción, Ghisays recibió de mano de García Morales, 750.000 dólares.
Con base en estos y otros testimonios rendidos, así como en las evidencias recopiladas y presentadas ante el juez, de ser culpable, Melo Acosta se expone a una condena en su contra de por lo menos 10 años de cárcel, por lo que no se descarta que se revoque la libertad y lo envíen de nuevo a prisión.
Piden su condena
Tanto la Fiscalía como la Procuraduría coincidieron en que se declare culpable a José Elías Melo Acosta a quien hace 10 años consideraban en el gremio económico del país como de los mejores del sector de las bancas y finanzas, al punto que ocupó los más destacados cargos, entre ellos presidente de la Confederación de Cooperativas (Confecoop) de Colombia, superintendente bancario y presidente de Megabanco.
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