LA PATRIA | MANIZALES
Por considerar la decisión contraria a Derecho, el concejal liberal Víctor Hugo Cortés Carrillo apeló de la determinación que tomó la Procuraduría General de la Nación en primera instancia y con la que lo suspende e inhabilita por seis meses.
Esto se debe a una acción suya en el 2017, cuando fue presidente del Concejo de Manizales, y que el organismo de control consideró como extralimitación de funciones e incumplimiento de deberes, calificando la falta como grave a título de dolo.
Encontró que Cortés Carrillo quebrantó el Reglamento Interno del Concejo (Acuerdo 699 del 2008) en el trámite del proyecto de acuerdo 103 del 2017, con el que se adoptó un nuevo Reglamento de esta corporación, al designar a la Comisión Primera el estudio en primer debate de esta iniciativa, siendo competencia de la Comisión Cuarta.
Según la Procuraduría, el entonces presidente continuó con el trámite hasta el segundo y último debate, aunque varios concejales advirtieron la irregularidad, y con ello incumplió las normas en su condición de servidor publico. Esto llevó al Tribunal Administrativo de Caldas a declarar la invalidez de la iniciativa.
Cortés Carrillo, concejal para el periodo 2020-2023, apeló de esta decisión ante el procurador general de la Nación, por considerar que no aplica justicia ni identifica alguna falta disciplinaria que haya cometido como servidor público, o que atente contra la moralidad administrativa.
''Se me impone una sanción por cumplir con mi deber. El único fin de la creación de un nuevo reglamento es actualizarlo a las necesidades institucionales y normas vigentes para prestar un mejor servicio a la ciudadanía".
Agrega que se trata de un fallo político, por la oposición que ha hecho a la Alcaldía. "Rechazo este tipo de presiones políticas para tratar de silenciar mis denuncias, y me comprometo a que seguiré adelante, pues no me callarán".
Aclara que mientras se resuelva el fallo en segunda instancia, la sanción se encuentra suspendida.
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