La Personería de Manizales, en primera instancia, decidió imponer multa a Jhon Jairo Prieto porque como exgerente de la Terminal de Transporte incurrió en una falta que considera grave.
La investigación disciplinaria se inició por una queja del entonces conductor de Prieto, debido a que lo suspendió del servicio por ocho días sin tener la facultad, según la ley, lo que para el organismo se constituyó en extralimitación de funciones y por tanto lo encontró responsable y le impuso sanción.
Como Prieto ya no es servidor público, la sanción de suspensión por un mes del cargo se convierte en multa de $8 millones 533 mil 701, que equivale a un mes de salario de la época, explicó el personero de Manizales, Fernando Arcila. “El exgerente no podía suspender al funcionario, impidiendo que percibiera el salario y sin un procedimiento disciplinario como señala la Ley 734, que debió hacer el secretario general”.
Prieto le dijo a LA PATRIA que el conductor no tenía licencia renovada. “Como no estaba en el momento el secretario general, decidí suspenderlo por ocho días, mientras solucionaba el problema con su licencia”.
El conductor entuteló esa decisión y ganó. El fallo le ordenó a Prieto reintegrarlo y pagarle lo que dejó de percibir; pero además, el conductor puso la queja en la Personería. “Mi argumento es que como gerente tenía que velar por los bienes y patrimonio de la Terminal, y por eso me vi obligado a suspender a esta persona. Se imagina si ese conductor sin licencia atropella a alguien o ocurre un accidente, ¿quién hubiese sido responsable?, el gerente”.
La defensa de Prieto apeló de la decisión de la Personería, y le corresponderá resolver en segunda instancia a la Procuraduría Regional de Caldas.
Otros casos
El personero de Manizales, Fernando Arcila, informó que este organismo tiene 231 actuaciones disciplinarias en curso, entre apertura de investigación (71), indagaciones preliminares (152), pliego de cargos (7), apelación (1). Archivados (14). “La Personería está comprometida con el ejercicio de control e imponer las sanciones que indique la ley. El llamado es a los funcionarios públicos, para que acaten la Constitución y la ley y se eviten ser sometidos a enjuiciamientos disciplinarios”.
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