MARTHA LUCÍA GÓMEZ
LA PATRIA | MANIZALES
Tajante fue la secretaria de Gobierno Municipal, Paula Andrea Sánchez, al decir ayer que la Personería ha impedido desalojar invasiones construidas en laderas de Manizales.
El tema lo abordó el Concejo de Manizales, propuesto por los concejales Luis Gonzalo Valencia (consevador yepista) y José Octavio Cardona (Partido de la U). El primero asegura que por los cuatro costados de la ciudad hay invasiones que llevan varios años, y que no se hace nada.
"Se necesita una política para controlar las laderas, de lo contrario va a ocurrir como en los años 80, que de una cantidad de invasiones salieron barrios como La Playita y Bajo Andes, pero al trasladar la gente no se intervinieron las laderas para proteger de nuevas invasiones", dice Valencia.
A Cardona le preocupa la falta de autoridad y el déficit de vivienda en Manizales que no se viene atendiendo de manera adecuada. "La Administración conoce que se está forjando una invasión y se puede demorar cinco o seis meses para intervenir, cuando pueden hacerlo desde un principio".
Defensa
Juan Carlos Pérez, personero de Manizales, expresa que la proliferación de invasiones puede ser un problema estructural a nivel nacional por la falta de vivienda, pero que los procedimientos de este organismo no se pueden ver como oposición a los actos de la Alcaldía cuando solicita un desalojo.
"Lo que pedimos es que se debe respetar el debido proceso, la legalidad. Tenemos que entrar a defender al ciudadano, bajo los parámetros de la Constitución, la ley y las ordenanzas (sic). Nos hemos encontrado que algunos actos administrativos se deben adecuar a la norma para que más tarde no sean demandados e investigados. Hacerles caer en cuenta de que están cometiendo un error", sostiene el funcionario.
Más argumentos
La secretaria de Gobierno Municipal asegura que la Alcaldía controla las invasiones, como los operativos realizados a inicios de este año en los barrios Solferino, Comuneros y Sinaí. Sin embargo, llama la atención por lo que ocurrió con la ocupación de la hacienda Potrerillo, en el Kilómetro 41.
"Le habíamos dicho a la Dirección de Estupefacientes que adelantara el procedimiento administrativo para el desalojo, notificamos a la comunidad siguiendo el debido proceso, y el 14 de agosto fueron los jueces de tutela quienes nos ordenaron suspender el operativo. La comunidad impugnó los fallos de primera instancia, pero estamos pendientes de que la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Manizales resuelvan recursos de apelación y hasta tanto eso no se dé tenemos que esperar".
Agrega que el proceso lo realizan siguiendo un protocolo para proteger la vida e integridad de las personas. "Infortunadamente en el desalojo de las invasiones en Sinaí y Campamento parte baja, que preocupan en este momento, una delegada de la Personería nos dijo que no lo hiciéramos. Argumentó que la función no le corresponde al secretario de Medio Ambiente, cuando la Constitución y la ley dicen que el alcalde podrá delegar sus funciones administrativas en su grupo directivo y asesor, y el secretario es del grupo directivo".
Agrega que cuando se trata de una invasión de ladera de protección ambiental con amenaza de riesgo, como Campamento, le compete al secretario de Medio Ambiente.
Sobre si las invasiones se deben a una ausencia de políticas de vivienda, la secretaria expresa que el derecho a la vida y a la integridad de las personas está por encima del derecho a la vivienda, y que a través de las vías de hecho no se pueden ejercer derechos.
Frente a esto, el personero agrega que la función de policía es del secretario de Gobierno Municipal no del de Medio Ambiente, excepto que haya una delegación expresa del alcalde para ejecutar un desalojo.
Invasiones
Según la secretaria de Gobierno de Manizales tienen identificadas unas ocho invasiones de diferentes tamaños. La más grande es la del Kilómetro 41, le siguen las de Campamento parte baja, Sinaí, vía al Guamo, Bajo Cervantes, y otras tres pequeñas que son infracciones a normas urbanísticas.
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