Ángela Hurtado
LA PATRIA|MANIZALES
Entre la constructora La Palma S.A, la Alcaldía de Manizales y Corpocaldas deberán indemnizar por 2 mil 634 millones 805 mil pesos a los damnificados de la tragedia del barrio La Sultana. Así lo sentenció el Tribunal Administrativo de Caldas, el pasado 29 de junio.
El desastre ocurrió el mediodía del 4 de diciembre de 2003, cuando una avalancha de lodo mató a 16 habitantes, dejó heridos a 5, acabó con 6 casas y dejó averiadas otras 10. Las víctimas demandaron al Municipio, la constructora, Corpocaldas, Aguas de Manizales y a la Curaduría primera urbana, al considerar que el desastre estaba anunciado y las entidades eran las directas responsables de los daños morales y materiales que les causó.
El Tribunal condenó en primera instancia a la constructora La Palma, que deberá responder por el 70% del monto, la Alcaldía de Manizales por un 15% y Corpocaldas por el otro 15%.
Lo cuantificado en daños materiales equivale a mil 291 millones 726 mil 170 pesos y se ordenó entregarlo a 50 grupos familiares. Los daños morales se determinaron en mil 343 millones 79 mil pesos y serán para 5 familias demandantes.
Las advertencias
Tanto el fallo, como un artículo publicado en LA PATRIA horas antes de la tragedia, concuerdan en que los habitantes habían advertido a las autoridades sobre la inestabilidad de la ladera y le solicitaron mayor atención a la Administración meses antes del deslizamiento. Ese mismo año, durante la ola invernal, los vecinos recalcaron que las señales de alarma se incrementaron desde la construcción del condominio Rincón de La Palma.
El Tribunal concluye entonces que "la Constructora La Palma no dio aviso oportuno a las autoridades...las obras para estabilizar el terreno no fueron las más convenientes dada la saturación del suelo... la constructora no actuó con el cuidado que le era debido tratándose de una actividad como la construcción". Con base en ello la declaró responsable extracontractualmente por los perjuicios causados.
También explica el fallo que "hubo una clara omisión por parte del municipio de Manizales para haber ejercido el control y vigilancia de las obras", con lo que concluye que la Alcaldía incumplió su mandato de defender la vida y los bienes de los ciudadanos.
También alegó que "si bien Corpocaldas realizó la inspección técnica que le era solicitada, no desplegó acciones pertinentes tendientes al análisis, seguimiento, preservación y recuperación de la ladera", por lo que también la comprometió en los hechos.
En el caso también estaban vinculadas las aseguradoras Agrícola, Suramericana y La Previsora, pero no las implicaron en el fallo. Absolvió de toda responsabilidad a la Curaduría primera urbana de Manizales, demandada por otorgar la licencia del condominio Rincón de La Palma. Los magistrados consideraron que no fue negligente en sus funciones. También eximieron a Aguas de Manizales de cualquier obligación legal.
La sentencia determina que las entidades condenadas deberán acatar el fallo en los seis meses siguientes, pero estas podrán apelar en los términos legales.
El hecho
El 4 de diciembre del 2003, a las 12:30 de la tarde, 15 mil metros cúbicos de tierra que se desprendieron de la montaña a un costado de la calle 68 entre carreras 9 y 9A, acabaron con 16 vidas, en el barrio La Sultana de Manizales.
Reacciones
Alexandra Hernández Hurtado, secretaria general de Corpocaldas. indicó que piensan apelar del fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo, insistiendo en los argumentos formulados en la contestación de la demanda. Explicó que se centrarán en la existencia de una fuerza mayor que la Corporación no pudo prever. "El ingeniero Carlos Enrique Escobar Potes realizó un estudio en el que se estableció que hubo un evento pluviométrico anormal para la época de los acontecimientos". Agregó que el terreno donde ocurrió la tragedia nunca fue catalogado como zona de alto riesgo, por lo que era difícil para la entidad hacer seguimiento a una zona que se suponía no presentaba problemas.
Isabel Cristina Cárdenas Restrepo, secretaria Jurídica de Manizales, afirmó que conocieron el fallo ayer en la tarde y que aún no saben si apelarán o no, pues apenas lo están estudiando detenidamente para tomar una decisión.
LA PATRIA intentó comunicarse vía telefónica con Aurelio Calderón, abogado de la constructora La Palma, pero en su oficina indicaron, en tres oportunidades, que se encontraba en una audiencia y le era imposible atender la llamada.
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