Más quejas surgen en el Bulevar de la 55

Diana Lorena Gutiérrez

LA PATRIA | MANIZALES

Según el concejal Manuel Orlando Correa, del Partido de la U, el uso comercial que se le dio a las terrazas de la 55 o bulevar de food trucks es indebido. "Está en un lote donado de la Nación a Caldas. El Departamento lo entregó a la Alcaldía, pero por venir de la Nación tiene una limitación de dominio, solo puede usarse para fines educativos".

Correa no entiende por qué la Alcaldía construyó estas terrazas comerciales, que señala son ilegales. "Por eso decidimos que se intervenga y que haya alcances penales".

Otras quejas

A esto se le suma que vecinos del lugar (barrio Ibiza) se quejan del ruido, ya que estos negocios sacan parlantes y ponen música a alto volumen, como lo confirmó LA PATRIA el pasado lunes en la noche. Igual, la venta de cócteles y cerveza en tres de estos establecimientos. Y es que en el mismo sector hay viviendas familiares, dos colegios (Eugenia Ravasco e Inem Baldomero Sanin Cano), una clínica odontológica y un hostal y según el Código de Policía no se debería vender licor a menos de 500 metros de los estudiantes, como asegura Correa.

De las siete terrazas que están pagando arriendo ($500 mil al mes cada una) ya hay cuatro ocupadas. Un café que vende pastelería, cócteles y cerveza; una cevichería y productos de mar; un puesto de comida mexicana, en el que también se consigue cerveza, y otro café, con bebidas a base de panela y licor.

Investigan

El concejal afirma que allí no podrían vender licor ni hacer ruido, basado en el Código de Policía. Manifiesta que también tienen problemas sanitarios al no tener baños para los clientes. Por lo anterior, puso el caso en conocimiento de la Contraloría Municipal, que inició una auditoría en noviembre. El 6 de febrero emitió un informe preliminar con tres hallazgos administrativos con presunto alcance disciplinario (ver recuadro Hallazgos de la Contraloría).

El caso pasó a la Procuraría Provincial de Manizales. Según el concejal, la Fiscalía General de la Nación es la que debe investigar.

Activar la gastronomía

Héctor Fernando Ortiz, gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales -ICTM- al que le entregaron el bulevar para que lo explote económicamente, informa que los food trucks tienen contrato para vender comida, pero no licor ni poner música . "Hasta ahora no hemos recibido quejas, pero revisaremos con los comerciantes, pues lo que pretendemos es activar la gastronomía, generar empleo y actividades culturales".

Agrega que este era un sector con problemas de inseguridad y que la presencia de los negocios lo ha mejorado. Por concepto de alquiler, al ICTM le están ingresando $3 millones mensuales, que destinarán a actividades culturales en el bulevar.

Asegura que es legal que algunos comerciantes pongan techo en estos espacios, por cuestiones del clima de la ciudad, siempre y cuando no se salgan de la terraza.

John Hebert Zamora, secretario de Gobierno Municipal, dice que tampoco ha recibido quejas del lugar.. "Revisaremos el uso del suelo permitido y pediremos a la Secretaría de Medioambiente un concepto. Ya ordenamos una visita de la Inspección de Policía para verificar la actividad que se está realizando".

María del Pilar Pérez, secretaria de Planeación, expresa que no conoce la investigación de la Procuraduría, por lo que se abstuvo dar informaciones, igual que Ricardo Germán Gallo, secretario de Medioambiente.

Hallazgos de la Contraloría

- Estudios y diseños deficientes para el proyecto en la etapa de planeación precontractual para la construcción.

- Construcción de obra pública en sitio que no tiene uso de suelo autorizado.

- Deficiente gestión de supervisión en la elaboración de las actas parciales de obra, actas modificatorias del contrato, pacto de precios de ítems nuevos sin soporte documental y no realización de comités de obra.

Contexto

Como lo ha registrado LA PATRIA, el 30 de diciembre del 2016  se inicia la construcción del bulevar. La obra debía terminar el 30 de enero del 2017, pero la entregaron 11 meses después.

El costo inicial era de $211 millones. Todo costó $437 millones

Julián Arias, jurídico del ICTM, entregó copia de un contrato de comodato firmado el 26 de enero del 2018 con el que el Municipio le entregó el predio a este Instituto. Explicó que a este comodato tuvieron que hacerle un otro sí el 18 de diciembre, para levantar la restricción.En junio de este año evaluarán el proceso para definir si amplían los contratos de arrendamiento en este espacio público que ha sufrido toda suerte de percances desde el 2017.