"Los accionistas privados son los que solicitan que se lleve a cabo la liquidación de esta sociedad", afirmó la secretaria Jurídica de la Alcaldía, Amparo Lotero Zuluaga, durante la presentación del proyecto de acuerdo que busca ponerle fin a Manizales Segura.
El principal antecedente del acto en trámite es un fallo judicial de acción popular, que ordena dar fin a la entidad compuesta por capital público en un 60% y privado en el restante 40%.
Lotero Zuluaga recordó que la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas ordenó que se revise la efectividad del programa, además de suspender los recursos destinados para ese fin.
La acción contra Manizales Segura buscaba inicialmente que se dejara de cobrar el impuesto de teléfono, pero el juzgador lo mantuvo y decidió en cambio la disolución de la entidad, al tiempo que prohibió entregarle los recursos recaudados.
El ponente del proyecto de acuerdo es el concejal de la U Sebastián Gómez, quien se mostró prudente en relación con los argumentos con los que sustentará la iniciativa en los debates.
El concejal Luis Gonzalo Valencia, vocero del Partido Conservador, expresó que el informe presentado por la jurídica es incompleto. "Esperábamos uno no solo jurídico sino financiero. Conocer las obligaciones y proveedores, tener los insumos necesarios para debatir y tomar la decisión que más beneficie a la ciudad", apuntó.
Juan Carlos Arbeláez Hoyos, vocero del Partido de la U, también criticó la presentación, por considerarla insuficiente y sin profundidad.
“Quiero que me expliquen ¿Quiénes entonces se van a hacer cargo? En relación con el impuesto al teléfono ¿Lo van a seguir cobrando? Pensamos que la Administración no tiene claro qué pretende hacer”.
En el 2006 el exalcalde Luis Roberto Rivas, con la autorización del Concejo, creó Manizales Segura como recaudador y administrador del impuesto al teléfono y gestor de proyectos de seguridad ciudadana. El mandatario y otros exfuncionarios enfrentan un proceso penal, por celebración indebida de contratos.
La Asamblea de Caldas entró en sesiones extras desde ayer. Los proyectos de ordenanzas nuevas que debatirán los diputados hasta el 12 de diciembre, tienen que ver con cesión y transferencia de inmuebles, facultades para contratar y enajenación de acciones de Inficaldas.
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