MARTHA LUCÍA GÓMEZ, JUANITA MOSQUERA, ESTEBAN GALLEGO
LA PATRIA | MANIZALES
Manizales no fue ajena a la convulsión de esta semana por protestas en ciudades de Colombia, y estos hechos, fuera del miedo y la rabia, dejan sobre la mesa necesidades urgentes de abordar por gobiernos e instituciones.
“Esto tiene un origen internacional y está dirigido contra las policías de los países”, declaró el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien expresó también que la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley, a raíz de la muerte del estudiante de Derecho Javier Humberto Ordóñez en un proceso efectuado por agentes de esta institución en la localidad de Engativá (Bogotá).
Según el ministro, en dos días de lo que llama vandalismo sistemático y coordinado el balance es de 13 civiles muertos, de ellos una mujer arrollada por manifestantes en un bus robado en Bogotá; 209 civiles y 194 policías lesionados; 60 sedes de policía afectadas; 90 capturas y 11 menores aprehendidos.
En Manizales, reporta la Alcaldía, los CAI de El Cable y Palermo fueron vandalizados el jueves en la noche, no incinerados; una menor de edad levemente afectada y tres personas capturadas.
Tiempos difíciles
Henry Cancelado, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, considera que los manifestantes no son nuevos: “Hay un movimiento grande que nos ha demostrado la capacidad de desestabilizar a nivel urbano. La violencia en Colombia se ha normalizado y nos ha convertido en una sociedad neurótica”.
Cree además que estas protestas no van a alcanzar sus objetivos, pues confluyen intereses particulares, en ocasiones vengativos, que hacen imposible la conciliación y la reforma de focos institucionales que abusan del poder.
La directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, de la Universidad de los Andes, María Margarita Zuleta, enfatiza que esta espiral de violencia desmedida de la Policía y el vandalismo generan estancamiento social. “Esta mezcla agrava todo lo que ya viene pasando, se sigue con la dinámica de amigo-enemigo”. Afirma que el país viene de tiempos difíciles que serían la raíz del caos actual: cerrar un año con protestas por la falta de oportunidades para los jóvenes, a pesar de los esfuerzos que hacen por formarse, el desempleo y la falta de apoyo a los emprendimientos son asuntos que nunca se resolvieron.
“Después llega la pandemia, coincide con el aumento de la inseguridad, masacres, asesinatos de líderes, crisis económica, ausencia de explicaciones contundentes del Gobierno, y, bajo este panorama, estos dos policías cometen este acto”. Aún así, asegura que el vandalismo no debe ser justificado y que los cambios se deben dar por medio de protestas cívicas y argumentativas.
Rabia contenida
Sin embargo, para el docente de la Universidad de Caldas Mario Hernán López, doctor en Paz y Conflictos, lo que está ocurriendo son formas de expresión social y política; desbordamientos de un país que se está buscando reacomodar después de la firma de los acuerdos de paz.
“Se ha puesto sobre la mesa que deben cambiar la manera de actuar de la Policía y su relación con la comunidad, porque está actuando como en el pasado. Lo que se vio el jueves fueron manifestaciones de odio y de rabia contenida, aunque no se justifica intentar responder a la violencia con más violencia”.
Plantea que hay que tratar de comprender qué está pasando con los jóvenes, por qué las expresiones violentas; quizá por factores críticos y crueles, si se quiere, como falta de oportunidades, estar por fuera de los circuitos económicos y laborales, carencia de expectativas.
Coincide con el ministro en que estas movilizaciones son parte de un fenómeno mundial, pero insiste que se deben a las carencias de presente y futuro que tienen los jóvenes. Por esto propone que la política se debe acercar a los jóvenes, pues hay una distancia enorme entre los intereses de los jóvenes, sus identidades, sus aspiraciones y lo que ocurre en la vida política.
“Lo ocurrido es una demostración de que la política no está cumpliendo con el propósito que se requiere, y eso significa abrir las puertas de los partidos a las organizaciones de jóvenes, crear oportunidades en los barrios para que ellos de manera organizada tramiten sus intereses y crear posibilidades de presente y de futuro”.
Intromisiones
Para José Gregorio Hernández Galindo expresidente de la Corte Constitucional, el Estado no está cumpliendo su función. “Colombia se levanta todos los días con abusos de poder, asesinatos a líderes sociales, indígenas o campesinos”.
Considera que la Policía parece haberse desbordado, pues en lugar de proteger a los ciudadanos, tal como ordena la Constitución, está generando miedo y causando la muerte de personas. Si bien justifica el descontento generalizado y la manifestación pública, cree que esta debe ser pacífica y dialogada.
Hernán Alejandro Olano, vicerrector de la Universidad la Gran Colombia en Bogotá, donde estudiaba Javier Ordóñez, comparte que es conveniente pensar en una reforma de fondo a la Policía Nacional, revisando sus funciones y quitándole el carácter militar y los rangos. “La Policía pasó de ser uno de los cuerpos más queridos en el país a uno con las menores cifras de favorabilidad”.
Cita que acciones indebidas, resentimientos sociales, falta de liderazgo y corrupción institucional hacen que no tenga credibilidad total y que Colombia esté casi como en la época en que en México se le tenía más pavor a la Policía que a los delincuentes. “Es necesaria una reestructuración, volviendo al carácter civilista de la institución policial”.
Pero tampoco niega que Colombia sea ajena a la intromisión de otros países, incluso Venezuela, que desde el año pasado se conoció financiaba a muchos manifestantes pagándoles de $30 mil a $60 mil por salir a las calles a los desórdenes.
“Sin embargo, algunas personas que señalan a algunos políticos como guías de los que están saliendo a la calle, también tenemos que darnos cuenta que muchas personas lo hacen por inconformismo, necesidad y la misma crisis social y política”.
Desde el sector estudiantil
El estudiante de la Universidad de Caldas Renato Amariles comenta que lo ocurrido en el país es la respuesta a una indignación colectiva que se ha venido acumulando por problemas sociales que el Gobierno parece desestimar. Enfatiza que si bien en ocasiones pasadas se han organizado los plantones, como el paro nacional, esta vez el movimiento se dio a raíz de la difusión por redes sociales y medios alternativos. Concluye que los daños en los CAI fueron un acto performático, “un asunto aprendido de las protestas norteamericanas, algo improvisado, aún nos falta pensarnos como sociedad para reconocer los cambios que necesita el país y cómo exigirlos”.
Enrique Jaramillo, líder estudiantil de la Universidad de Caldas, afirma que la indignación juvenil es la respuesta a casi dos años de noticias desesperanzadoras en lo político, las constantes masacres y la actitud negacionista del Gobierno. Explica, que antes de la pandemia, a nivel internacional, se estaban levantando los movimientos sociales más grandes los últimos años, y, ante las mismas dinámicas políticas injustas presentadas en estos tiempos de crisis, es inevitable que continúen y con más fuerza.
Beneficio con el caos
El abogado constitucionalista Javier Rincón, magíster y doctor en Derecho, profesor y director del Observatorio de Derecho Militar de la Universidad Javeriana, considera que en lo ocurrido hay un elemento transversal: desilusión, insatisfacción y desencanto de la población en las instituciones estatales, considerando que es algo histórico porque no han respondido adecuadamente a las necesidades de la sociedad. En el marco de esta situación identifica tres grupos.
* Los inconformes: que son mayoría y creen que las cosas no funcionan, que la manera de hacer que funcionen mejor es por la vía de canales democráticos, de la expresión equilibrada y respetuosa de ideas, del diálogo y del debate pacífico.
* Los interesados en que haya caos para beneficiarse: Aquellas fuerzas que quieren acceder al poder y para eso necesitan generar miedo. A los de la izquierda para demostrar que hay inconformismo, que la gente quiere un cambio, y capitalizar esto en votos o crear una ola falsa diciendo que hay que desbaratarlo todo. O a los de la derecha diciendo que los que están en la calle son vándalos y que donde lleguen a votar por la izquierda, miren lo que les espera.
* Los anarquistas: que quieren salir a romper, por salir a romper, y dentro de ese grupo hay quienes los manipulan para contribuir a que haya más caos.
Por esto ve necesario preguntarse, ¿a quiénes favorece el caos? “Siento que beneficia y favorece muchas cosas. A unos políticos de un lado y del otro, atizando las cosas; a la delincuencia y a los carteles de microtráfico, porque si logran arrinconar a la Policía conteniendo manifestaciones pueden actuar libremente, y a unos jóvenes que con corazón y con pasión quieren mostrar su inconformismo, pero terminan en gran medida viéndose instrumentalizados por los que se benefician del caos”.
Debió dejar clarito
En Manizales, en medio de la trifulca del jueves, el alcalde, Carlos Mario Marín, escribió en su cuenta de Facebook Carlos Mario Alcalde “#URGENTE LE ORDENO A LA POLICÍA NO SACAR EL ESMAD. EL CAMINO ES EL DIÁLOGO”.
Sobre esto, el abogado Javier Rincón, magíster y doctor en Derecho, docente de la Universidad Javeriana, dice que un deber de los gobernantes es comportarse con ponderación, lo que exige que no pueden estar bajo ninguna circunstancia atizando comportamientos violentos o siendo permisivos en la idea de que todo vale. “Hay unas fuerzas de seguridad encargadas de cuidar a todos los ciudadanos, no solo a un grupo de ciudadanos que se están manifestando. Un alcalde no puede hacer un llamado a que una entidad de seguridad incumpla con sus funciones, diferente es que le diga al Esmad internamente que hay que salir, pero que tenga un comportamiento cuidadoso para que no aumente más la situación. La obligación de un alcalde es dejar clarito que no todo vale a la hora de protestar”.
El docente de la Universidad de Caldas Mario Hernán López, doctor en Paz y Conflictos, cuenta que en principio, al ver el mensaje del alcalde, pensó que era una fake news (noticia falsa) o un meme porque considera que no puede dar una instrucción de esta naturaleza a través de las redes sociales. “Después escuché que el alcalde había convocado, como debe ser, a un consejo de seguridad para discutir con la Policía lo que correspondía. Lo que está sucediendo está poniendo también sobre la mesa, en Manizales y en otras ciudades, la calidad de las relaciones entre los alcaldes y los comandantes de la Policía. Hay que buscar, repito, una nueva forma de actuar de la Policía y de relacionamiento con la ciudadanía, pero también una nueva manera de actuar en correspondencia con los intereses ciudadanos entre las autoridades públicas y la Policía”.
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