LA PATRIA | MANIZALES
La ciclobanda de la Avenida Santander por la que se realizan, según la Alcaldía, 2.500 viajes diarios tiene sus días contados.
El ciudadano Jorge Enrique Pava Quiceno interpuso una acción de cumplimiento contra la ciclorruta que admitió el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Manizales y falló el martes a favor del demandante y ordena al Municipio a retirar la totalidad de la señalización de la banda preferencial para la circulación de ciclistas dando cumplimiento al artículo 94 de la Ley 769 de 2002, en el término de los cinco días siguientes apenas quede en firme la decisión.
El fallo agrega que la Administración municipal socializará la decisión a través de medios de comunicación y demás estrategias informativas "con el fin de lograr una amplia difusión de la inhabilitación de la franja de circulación para ciclistas sobre ese corredor vial".
La Alcaldía anunció que impugnará la medida ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para que la decisión del Juzgado sea analizada por el superior jerárquico y poder conservar la ciclobanda en la ciudad.
La ciclobanda fue adoptada por el alcalde, Carlos Mario Marín, hace tres meses para evitar la propagación de la covid-19 con el distanciamiento social que permiten las bicicletas y descongestionar el transporte público.
De acuerdo con el juzgado, en las pruebas decretadas de oficio se evidenció una situación que podría estimarse como lesiva para la seguridad de los ciclistas: "Es la referida a las medidas con las que quedó el carril izquierdo de la Avenida Santander por la instalación de la ciclobanda preferencial (…) que fue reducido, en ciertos tramos, casi a la mitad".
Ya la Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles ( SCIC) se había quejado: "Visualmente se ven tres divisiones de distinto tamaño, la ciclorruta no es un diseño. Las vías se deben diseñar con anchos para que fluyan carros, bicicletas o vehículos pesados. Tenemos una combinación de servicio público con automóviles, el ancho era normal, pero angostaron uno de los dos carriles", dijo en mayo Claudia Pilar Calderón Acuña, presidenta de la SCIC.
Al contrario, usuarios como Diego Orjuela estaban satisfechos: "Al principio me pareció una mala idea, pero cuando use la ciclorruta me pareció muy eficaz para el trasporte en bici, y estaba incentivando al uso de la misma, creo que es falta de cuidado, cultura, es una lastima que se halla tomado esta decisión, en esto si estaba de acuerdo con el alcalde".
Como en el fallo de primera instancia el juez accedio a las pretensiones de la parte demandante en retirar la seňalizacion por ser violatoria del Código de Tránsito y Transporte en la parte resolutiva da un plazo de cinco dias para que se cumpla lo ordenado una vez quede ejecutoriada la decisión, pero si se interpone un recurso como lo es la apelacion no puede ejecutarse hasta que el tribunal confirme o revoque.
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