Inhabilitan a Aristizábal por carros y Fondo Mixto

LA PATRIA | MANIZALES

La compra de carros para la Gobernación y la contratación con el Fondo Mixto de Caldas le valieron al gobernador Mario Aristizábal otra sanción de la Procuraduría en primera instancia. Esta vez el ente de control lo destituyó y lo inhabilitó por 13 años, al hallarlo responsable de cometer irregularidades en esos casos, ocurridos durante su administración (enero del 2008 - septiembre del 2011).

Cabe recordar que el exmandatario salió prematuramente del cargo en septiembre del año pasado, cuando la Contraloría ordenó suspenderlo para que no entorpeciera la investigación que adelanta por presuntas irregularidades en la extensión del contrato de concesión del chance. Precisamente este caso le valió la primera destitución e inhabilidad por 10 años. El caso está en apelación y se espera una decisión de segunda instancia.

Por los carros

En noviembre del 2008 cuatro secretarías de la Gobernación contrataron la compra de 13 vehículos, argumentando la necesidad de renovar el parque automotor. La Asamblea departamental había criticado el proceso.

La Procuraduría, en el fallo, que conoció LA PATRIA, determinó que Aristizábal incurrió en una falta disciplinaria gravísima porque omitió la licitación para adquirir el paquete de vehículos, y en vez de esto en la administración optaron por procesos de selección abreviada que adelantó cada secretaría en la que se adquirieron carros. El costo total fue de $1.013 millones. Los despachos involucrados fueron los de Gobierno, en cabeza de Henry Murillo; Planeación, de Viviana Patricia Martínez; Hacienda, de Pedro Javier Misas; General, de Ernesto Patiño; y Educación, de Éver de Jesús López.

Afirma la providencia: "omitió el proceso licitatorio que debió emprenderse por la Gobernación, en razón a la naturaleza y cuantía del objeto a contratar, lo cual implicó el desconocimiento de los principios de planeación, transparencia y responsabilidad".

Agrega que "la Gobernación, a través de las secretarías referidas, tramitó diversos procesos de selección abreviada sobre un mismo objeto, cuyos contratos fueron adjudicados a un mismo veedor". En resumidas cuentas, indica el fallo, se trató de un fraccionamiento de contratos.

La defensa de Aristizábal argumentó que la adquisición debía hacerse de forma separada porque los carros eran necesarios para distintos proyectos, y no procedía incluirlos todos dentro de los gastos de funcionamiento. "No le era dable al gobernador (...) adelantar procesos licitatorios de procesos cuyos objetos, si bien eran similares, su destinación, usos y rubro presupuestal son disímiles entre sí", indicó.

Incluso adujo que la compra de los vehículos correspondió a un gasto de inversión y no de funcionamiento, algo que no consideró válido el ente de control.

También indicó que se actuó con transparencia, pues todos los documentos de los contratos estaban en orden, y que las pruebas en contra de Aristizábal son insuficientes, pues de ellas no se desprende que haya existido la intención de omitir la licitación.

Lo del Fondo Mixto

En el caso del Fondo Mixto la Procuraduría le reprocha al exmandatario la falta de control y vigilancia en la delegación que le dio a sus secretarios para contratar. Se trata de siete contratos que celebraron las secretarías de Deporte y Educación con esa entidad, que hoy está en liquidación.

LA PATRIA denunció en su momento las irregularidades presentadas dentro del Fondo, en el que cambiaron los estatutos sin cumplir requisitos. Además también se dejó en evidencia cómo por medio de esa entidad era posible evadir la ley de contratación. La Contraloría de Caldas, incluso, rajó la contratación de la administración en una auditoría, al considerar que se usaba al Fondo para hacer contrataciones que estaban por fuera del objeto misional del Fondo.

La Procuraduría en su fallo indica que la administración debió celebrar directamente dichos contratos, de obra, suministro y prestación de servicios, y no por medio del Fondo. Esto implica que se saltó la aplicación de la ley de contratación pública, como se había advertido, y se acudió a un intermediario. La falta se considera grave.

La defensa de Aristizábal aceptó que este delegó en el 2008 el gasto en cinco secretarías: Gobierno, Privada, Hacienda, Planeación y General, debido a su "inexperiencia y poco manejo de las finanzas públicas". En el 2009 amplió esas facultades a cada una de las secretarías. Para ello argumenta la necesidad de darle una dinámica a la administración, pues "no se puede radicar en cabeza de una sola persona la ejecución de todos los fines estatales".

Además la defensa argumenta que el entonces gobernador presumió la buena fe de sus secretarios, aunque también dijo que él sí estuvo vigilante a lo que hacían las secretarías.

La Procuraduría, sin embargo, determinó que, por ejemplo, con el Fondo Mixto la Gobernación no podía hacer contratos de obra, pues estos son propios para hacerlos mediante la ley de contratación pública.

Y concluye: "Las pruebas apuntan a señalar que Aristizábal desatendió toda la actividad contractual delegada en sus secretarios y en lugar de ejercer un efectivo control, seguimiento y vigilancia sobre la actividad delegada, adoptó una actitud laxa, desinteresándose por la suerte de los procesos contractuales".

Sanciones a los demás

Henry Murillo, exsecretario de Gobierno: Destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 11 años.

Viviana Patricia Martínez, exsecretaria de Planeación: Destitución e inhabilidad por 10 años.

Pedro Javier Misas, exsecretario de Hacienda: destitución e inhabilidad por 10 años.

Ernesto Patiño, exsecretario General: destitución e inhabilidad por 10 años.

Éver de Jesús López, exsecretario de Educación: destitución e inhabilidad por 11 años.

Sergio Trujillo Ramírez, exsecretario de Deporte: suspensión del cargo por seis meses.

Daniel Eduardo López, exsecretario de Deporte: destitución e inhabilidad por 10 años.