En Santa María del Camino los salvó la campana

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

"No hemos incumplido con nada. Compramos una vivienda confiando en los entes de control, y no nos podemos declarar infractores", afirmó el médico Fredy Alexánder Villa, propietario de la casa 15 en el conjunto cerrado Santa María del Camino.

Estuvo a punto de que la Alcaldía le demoliera ayer por lo menos 2,70 metros, igual que iba a ocurrir en otras seis casas. A las 8:00 de la mañana los afectados y delegados de la Defensoría del Pueblo regional Caldas esperaban en la casa 20 la llegada de la Alcaldía para demolerles patios y otras áreas construidas por el urbanizador Gustavo Castaño Loaiza, sin cumplir con el retiro de vecindad de 3 metros frente al conjunto cerrado Arboletes.

Este caso se fue a pleito jurídico en el 2011 y terminó el 26 de enero de este año con fallo de segunda instancia de la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior, que le ordenó a la Alcaldía tumbar en 10 propiedades si en 30 días el constructor no corregía la situación. Como no lo hizo, fijó el 6 de abril para demoler.

Los propietarios presentaron tutelas, incluso a la Corte Suprema de Justicia, y frenaron la ejecución de la medida, pero ninguna prosperó. La última la instauró la Defensoría en el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías, despacho que manifestó que era improcedente la tutela y dejó en firme la demolición para ayer.

Alterados

Cuando el reloj marcó las 8:30 de la mañana, ya estaban en la puerta del conjunto los funcionarios de la Alcaldía y de la Personería Municipal, dispuestos a comenzar el proceso. Los afectados caminaron hasta allí, donde la defensora del Pueblo, Jazmín Gómez, sacó una carta que salvó a los propietarios.

Estaba dirigida a los secretarios de Obras Públicas y de Planeación, Inspección de Control Urbano y Policía. Les dijo que este ministerio público estaba allí para acompañar la demolición de una sola ficha catastral, la casa 12, y que cualquier actuación más allá de esta ficha llevaría a que presentaran denuncias penales e iniciaran procesos administrativos sancionatorios contra los funcionarios que intervinieran si se excedían.

Un vecino manifestó en voz alta: "Un proceso amañado es lo que ustedes van a hacer. Son unos pícaros los de la Administración Municipal, que interpretaron la norma a su manera". El secretario de Obras Públicas, César Alberto Gutiérrez, ordenó al equipo contratista entrar al conjunto y arrancar con la demolición de la casa 12.

Las partes se fueron a un cruce de reclamos. Los afectados porque la Alcaldía no indicaba las fichas catastrales para identificar los predios que iba a demoler y porque tumbaría 2,70 metros desde el lindero de las casas y no 3 metros como señala el fallo. La Alcaldía se centró en que cumplían una orden judicial, que los términos para interponer recursos se vencieron, y pidió, a través del secretario de Obras, la presencia de la Policía.

No obstante, nunca ingresaron los efectivos. Después de varios minutos, la defensora pidió la presencia del teniente coronel Marco González, a fin de calmar los ánimos, que hasta en algunos policías se había alterado.

Ficha clave

Quien le puso norte a la diligencia fue el teniente coronel González. Se presentó, pidió reunirse con los funcionarios públicos. Llamó luego a los habitantes y, reunidos en la zona de parqueo, dio un mensaje de tranquilidad y aclaró que no estaban allí para generar conflicto ni vulnerar derechos sino para garantizar que todo se hiciera ajustado a la norma.

El secretario de Obras aclaró que como el Juzgado Primero declaró la última tutela improcedente, le da tres días a la Defensoría para que impugne. "Están pidiendo esos tres días. Arrancamos haciendo las actas de vecindad. Seguramente cuando venga la impugnación el juez decidirá si es procedente y nos confirmará las acciones a seguir".

La defensora señaló que tratarán de buscar un mecanismo jurídico para frenar la demolición mediante la impugnación, y que además como ya se adelantan procesos conciliatorios entre los dos conjuntos, los habitantes deben encontrar, hasta el próximo martes, una salida para eliminar el retiro de los tres metros y la vulneración a la norma urbanística.

"Han existido varias propuestas, que sea un solo conjunto, que sea una servidumbre. Queremos seguirlos acompañando como mediadores para ver si llegan a algún acuerdo y evitar estas diligencias que seguramente los van a afectar mucho, sobretodo a las siete viviendas en Santa María del Camino".

De 10 a 7

El número de casas donde tendrían que demoler, bajó de 10 a 7. Dos, la 20 y la 21, no estaban construidas cuando empezó el proceso legal, y el propietario de la 18 se declaró infractor de la norma y deberá resolver su situación.

Habló Arboletes

Alberto Arango, habitante de Arboletes desde hace 24 años y administrador de este conjunto cerrado desde el 1 de abril pasado, aclaró: "En el común de la gente queda que Arboletes es el culpable, pero nunca hicimos nada contra los habitantes de Santa María del Camino sino contra el constructor, quien no quiso dialogar con nosotros, y sobre quienes permitieron eso. Simplemente le solicitamos a la Alcaldía que hiciera cumplir las normas".

Dijo que el Consejo de Administración está tratando de llegar a un arreglo y que cualquier decisión debe ir con el visto bueno de la Asamblea de Copropietarios. "Si hay posibilidad jurídica de arreglar el problema sin juntar los conjuntos, sería mejor. En Arboletes nadie quiere demolición de las casas, pero tampoco hay consenso de querernos juntar mientras no haya claridad".

Mencionó que en Santa María hay que tumbar una casa que el urbanizador dejó a medio construir, porque no podía edificar en área común; también deben resolver la ubicación de un basurero, aclarar la situación con vecinos y aclarar cómo está la situación jurídica con el urbanizador porque Arboletes podría quedar inmerso en una demanda posterior.

Lo ven difícil

Adonilso Julio de la Rosa, propietario de la casa 16

Se ha tratado de conciliar con el conjunto vecino, pero hay opiniones divididas. Mientras no se solucione nuestro problema ellos no se unirían a nuestro conjunto. La única solución sería quitar el muro de los linderos, que sería unir los dos conjuntos para que desaparezca la norma del retiro.

Maritza Escobar, propietaria de la casa 20

Quedamos por fuera de la medida ya que compramos la casa en el 2015. Voluntad de unirnos con Arboletes hay de parte de acá y de algunos de la parte de allá, confiamos en que esto se solucione de la mejor manera.

Germán Andrés Valencia, propietario de la casa 19

Las puertas siempre estarán abiertas a escuchar a los propietarios de Arboletes, y nosotros a proponer qué podemos hacer. Lo que más nos preocupa es el tiempo para que haya una conciliación, es un tema muy difícil.

Fredy Alexánder Villa, propietario de la casa 15

Hemos estado dispuestos siempre a conciliar, pero el otro conjunto tiene diferentes apreciaciones y hay posiciones divididas. Esa posibilidad es algo remota.