En Manizales exigen justicia por violación de niña indígena a manos de siete soldados

LA PATRIA | Manizales

Un grupo de mujeres se reunió en la tarde de este viernes en Milán, frente al Batallón Ayacucho, en un plantón para exigir justicia por la violación de una niña indígena del resguardo Gitó Dokabú-embera, en Risaralda, a manos de siete soldados, quienes ayer aceptaron el hecho ante las autoridades. 

Laura Juliana, activista de la Red Rojo y Violeta en Caldas, expresó: "Las mujeres también estamos en espacios para hacernos sentir". 

Susana Urrea Ramírez, del departamento de la mujer de la CUT Caldas, sostuvo: "Apoyamos la forma de alzar la voz contra las violaciones sistemáticas de las fuerzas de Estado a las mujeres y niñas más vulnerables de este país". 

Sobre el caso

Los siete militares del Batallón San Mateo señalados de violar a una niña indígena del Resguardo Gitó Dokabú-embera katío, ubicado en el corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico (Risaralda), aceptaron cargos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Según el fiscal general, Francisco Barbosa, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice.

El juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico, municipio donde ocurrieron los hechos, decidió enviar a prisión a los militares involucrados, medida que debeá aplicarse en una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias.

"Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia", expresó Barbosa en una rueda de prensa en Cali, quien agregó que "en menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades y en una acción liderada por la delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Risaralda, se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos".

La Defensoría del Pueblo pidió ayer al Ejército y al Ministerio de Defensa que "hagan una investigación exhaustiva para determinar las condiciones institucionales que permitieron que aconteciera este grave hecho".

"Cuando la violencia sexual además es cometida por miembros de la fuerza pública, a quienes se les confió el uso de las armas del Estado, es una grave violación de los derechos humanos y particularmente de la obligación estatal de respetar la vida, integridad y salud de una menor de edad", añadió el organismo.

Al respecto, el mayor general Luis Mauricio Ospina, comandante de la Quinta División del Ejército, a la que pertenece la unidad militar involucrada, recalcó que desde que conocieron la información tomaron los "protocolos correspondientes" para que se lleve "a feliz término" la investigación.

Los involucrados en este caso, reclutas de entre 18 y 22 años que prestaban el servicio militar obligatorio, fueron relevados de sus servicios, avanzó Ospina, quien añadió que el caso irá a la justicia penal ordinaria en vez de a un tribunal militar y que el Ejército "seguirá los parámetros que a esto corresponde".